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Uber promovió, esta semana, un segundo amparo contra la Ley de Movilidad del Estado de Querétaro; sin embargo, esto no significa una ruptura del diálogo entre el gobierno del estado y la empresa, afirmó el gobernador Francisco Domínguez Servién.
Agregó que esto implica que la empresa continuará con la oferta del servicio a sus clientes, y el Instituto Queretano del Transporte (IQT) no tendría posibilidad de aplicar sanciones por no ser un servicio concesionado.
El mandatario reiteró la importancia de que la empresa responda a las peticiones de registro del gobierno del estado para garantizar seguridad a los usuarios; para operar con permiso en la entidad se requiere que entreguen la lista de sus choferes, el número de las placas de los automóviles de la plataforma y que paguen impuestos.
“Se volvió a amparar Uber, vamos a seguir insistiendo en que como cualquier plataforma nos den los datos, las placas del vehículo para dar seguridad a los usuarios, es seguridad de usuarios y eso lo puede entender cualquiera y como cualquiera deben pagar impuestos”, explicó.
Debido a que el amparo es procedente y que Uber alega que su servicio no es de transporte público sino de un particular, a través de una plataforma, es que podrían no proceder los operativos del Instituto Queretano del Transporte contra la plataforma.
“A nivel mundial, Uber ha planteado que sus servicios no son de transporte, sino a un particular; respecto del uso de su plataforma, que ellos no brindan el servicio de transporte público, esa es la gran discusión que tuvo un amparo sostenido por parte del gobierno del estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, comentó.
Domínguez Servién reiteró que no es una ruptura con la empresa, pues las mesas de diálogo se mantienen a través de la Secretaría de Gobierno, que encabeza Juan Martín Granados Torres.
Explicó que existen ciertas condiciones “de orden jurídico que se traducen en el hecho de que la autoridad reguladora” que es el Instituto Queretano del Transporte, mientras no tenga certeza de que un vehículo que esté prestando un servicio de transporte público, no puede afectar sus derechos como particular; es decir, no tendría facultad para hacer operativos que impliquen sanciones tanto económicas como remisiones al corralón.
En tanto, los directivos de Uber argumentan que su servicio no es de transporte público, por ello, no pueden apegarse ni ser sancionados por la Ley Movilidad en el estado, reiteró el secretario de Gobierno Juan Martín Granados.
Respecto del tema, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio Ortega Cerbón, indicó que están analizando el amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar qué alcances tiene y qué acciones sí puede aplicar la autoridad en Querétaro.
“Tendríamos que analizar en qué condiciones se da el tema de la suspensión para ver si eso impide a nuestras autoridades o no a seguir actuando”, expresó el magistrado.
