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Hay intereses políticos detrás de la oposición de los ejidatarios por el decreto de Peña Colorada, consideró el gobernador Mauricio Kuri González.
“Yo creo que uno que otro [está] atrás de esto echando política, es un tema de especulación nada más”, aclaró.
Destacó que en Querétaro siempre se prioriza el diálogo y a base de gritos no se resuelve nada, así como que el gobierno del estado está en contra de la violencia, siempre se busca la conciliación.
Lo anterior, luego de que en la reunión sostenida la tarde del miércoles en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín se saliera de control al haber gritos y empujones, porque los ejidatarios argumentaron un presunto despojo de sus tierras.
Sobre el tema la secretaria de Gobierno en la entidad, Guadalupe Murguía, aseguró que hay disposición de diálogo por parte del gobierno estatal y la Federación con los ejidatarios.
Al tiempo de confirmar que no hubo funcionarios heridos en el conato de violencia durante la reunión entre representantes de ese sector y autoridades para hablar del tema.
“Hay condiciones para el diálogo tanto a nivel estatal como a nivel federal, y esperamos que las diferencias puedan ser atendidas, que sean escuchados y podamos resolver esta situación. Hay disposición al diálogo y vamos a continuar”, señaló.
La funcionaria indicó que dentro de las mesas de diálogo que siguen en pie para la próxima semana se encuentran abordar temas de los diferentes apoyos que ofrece el gobierno del estado y la Federación a los propietarios, que aclaró, no han sido despojados de sus tierras.
Murguía Gutiérrez confirmó que los ejidatarios aseguraron que van a continuar con acciones legales al respecto.
“Lo único que sé y conozco es que ellos quieren expresar su punto de vista, y por parte del gobierno del estado y del gobierno federal vamos a escuchar y atener”, apuntó.
El pasado lunes, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) anunció que Peña Colorada, ubicada en los municipios de El Marqués y Querétaro, fue declarada Área Natural Protegida (ANP) después de dos décadas de esfuerzos, el decreto fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Son alrededor de 5 mil hectáreas las que ahora estarán libres de desarrollos inmobiliarios de gran escala y donde se buscará promover la educación ambiental, así como la implementación de tecnologías alternativas para mejorar las prácticas de aprovechamiento de los recursos naturales.
