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“Llegué con permiso, ahora es como si fuéramos criminales”, migrantes varados en territorio mexicano
Tijuana.— “Ya no son legales”, le dijo un oficial migratorio, Mayeli no entendía.
Primero le dijeron que tenía que encerrarse en un albergue del gobierno mexicano para no ser asegurada. Cuando dijo que no, la respuesta se sintió —dijo— como una amenaza pues “me dijeron que si me veían en la calle iban a volver por mí y me iban a deportar”.
Mayeli es una joven venezolana que llegó con su esposo a Tijuana apenas el fin de semana. Explica que cuando llegaron a la frontera surde México, en Tapachula, recibieron un permiso del gobierno que les permitía estar en este territorio durante al menos 12 días, para que llegaran al norte.
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“Yo no llegué sin permiso ni crucé así nada más, yo entré con el permiso del gobierno y ellos me dejaron cruzar, pero ahora (…) y no sólo eso, me quedo aquí. Ahora es como si fuéramos criminales, como si nos quisieran cazar”, lamenta la mujer.
Organizaciones defensoras de migrantes en la frontera comienzan a documentar una serie de abusos de personal del Instituto Nacional de Migración (INM), que van desde amenazas hacia los migrantes que terminaron varados en territorio mexicano, además de hostigamiento, humillaciones o, incluso, coacción.
“Con los migrantes extranjeros es peor”, narra Anel Ortiz, académica e integrante de una Red de Ayuda Humanitaria, “es difícil que puedan comunicarse una vez que son deportados, y a los que se quedaron (varados en México) es más complicado porque los amenazan.
“A partir del lunes están en un limbo, vulnerables a extorsiones, a abusos policiacos y a los grupos criminales”, advierte.
Mayeli cuenta que cuando ella y su esposo lograron la cita a través de la aplicación CBP One, para solicitar asilo en Estados Unidos, pensaron que su situación estaba resulta.
No contaron con que el mismo día de su cita, el 20 de enero —cuando Donald Trump tomó posesión como presidente— se quedarían varados de este lado.
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Ella cuenta que viajaron en autobús hasta Tijuana una noche antes y durmieron en el puerto fronterizo de El Chaparral. Cuando le dijeron que su cita ya no tenía validez se quedaron allí mismo, hasta que personal del Instituto Nacional de Migración les pidió anotar su nombre completo en una lista, les solicitaron documentos y que subieran a un vehículo para llevarlos a un albergue.
Ella dice que dudó antes de tomar una decisión, tenía miedo de ser deportada a Venezuela, pero cuando le dijeron que de no hacerlo podrían detenerla, no lo dudó y subió a la unidad oficial junto a decenas de otros migrantes varados.
Las amenazas
Para otras mujeres migrantes, el terror llegó cuando las amenazaron con separarlas de sus hijos.
“Te subes o llevamos a tus hijos al DIF [Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia]”, gritó un hombre con el uniforme del INM a Leticia, también originaria de Venezuela.
Recuerda que sólo abrazó con mucha fuerza a sus dos hijos para evitar que nadie se los arrebatara, lloró y guardó silencio. “Nadie me explicaba nada, sólo recibía órdenes”, dice.
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Aún en medio de la incertidumbre el miedo la obligó a subir a la camioneta oficial que los llevó al albergue Carmen Serdán, en Tijuana.
Leticia, como cientos de migrantes de diversas nacionalidades, quedó varada en territorio mexicano.
Había esperado durante meses para registrarse y poder aplicar a una cita mediante la aplicación CBP One, con la que comenzaría su proceso para obtener asilo en Estados Unidos.
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Era una de las más de 100 personas que tenía su cita programada para el 20 de enero, día en que ella esperaba comenzar una nueva vida.
“Nos tratan como criminales”, explica antes de subir al camión junto a otro grupo de migrantes, latinos la mayoría de ellos.
“Nos van a deportar, nos van a regresar al lugar de donde logramos escapar, nos van a mandar a una sentencia de muerte (…) lo saben y de todas formas nos tratan peor”, lamenta la mujer mientras enfrenta un futuro incierto en un país donde no esperaba quedarse.