Un grupo de 50 familias indígenas fue desalojado de un predio en la comunidad de El Coyote, en el municipio de Ezequiel Montes. De acuerdo con la abogada defensora de tres de los afectados, María de Lourdes Palomares, el desalojo se realizó pese a la existencia de un amparo que fue promovido ante la autoridad judicial.
La abogada indicó que el asunto inició hace un año, por personas que se ostentaron como coherederos del supuesto propietario del predio, que tiene una extensión cercana a 180 hectáreas. Dijo que los indígenas han tenido esas tierras en posesión por más de 100 años y el conflicto inició ahora que los supuestos dueños vendieron la tierra a una desarrolladora.
Señaló que el asunto consta en la causa judicial 30/2017. El desalojo se realizó ayer en razón de que la juez de control, María Teresa González García, en el distrito de Cadereyta, determinó una restitución provisional fuera de la etapa procesal. Señaló que esta determinación no respetó la presunción de inocencia de la comunidad indígena, lo que afecta a cerca de 50 familias.
“Es gente que se sustenta de las 180 hectáreas de las que los quieren despojar… Fijaron una multa de 70 mil pesos y se dio la orden de ejecución aun cuando se otorgó un amparo y protección de la justicia. La juez está golpeando a los abogados y la comunidad, sin importarles la concesión de amparo”, refirió.
María de Lourdes Palomares indicó que la autoridad judicial no ha valorado los elementos de prueba que se han presentado y por lo tanto hicieron el desalojo.
“Metimos amparo ante los jueces de distrito y se nos concedió; los abogados llegaron con el amparo y de todas formas los agredieron”, señaló.
La abogada denunció que el procedimiento fue realizado con violencia, en tanto que la autoridad no respetó el amparo, con lo cual, reiteró, se afecta y se deja en vulnerabilidad a cerca de 50 familias indígenas que habitan en el predio en cuestión.