Los casos en los que interviene un defensor público se resuelven favorablemente con acuerdos entre las partes hasta en 93%, informó el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien inauguró el edificio de Defensoría Pública de San Juan del Río.
Se trata de uno de los cinco edificios que en total significaron una inversión superior a los 35 millones de pesos y que fueron construidos por la administración para garantizar el derecho a una defensa de calidad de los imputados de delitos.
“Cada uno de los cinco edificios, que representaron una inversión superior a los 7 millones de pesos, son acciones que responden al modelo de operación cosmos, que garantizan la calidad en el servicio, que desarrolla competencias especializadas de los abogados defensores que brindan una solución legal a cada caso planteado y que resuelve los casos en la justicia alternativa hasta en 93%”.
El Instituto de Defensoría Pública de Querétaro es una instancia descentralizada de la Secretaría de Gobierno del estado, cuyo titular, Juan Martín Granados Torres, informó que el nuevo edificio brindará atención a la población de San Juan, Tequisquiapan y Pedro Escobedo.
La Defensoría Pública nació como parte de una serie de leyes promulgadas por la Legislatura para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, publicadas el 30 de mayo de 2016.
“La Defensoría Pública es parte de la cadena de acciones para construir desde los más sólidos cimientos un sistema de justicia acusatorio oral eficaz que debe dar certeza de lo que debemos esperar de cada institución del estado”, afirmó el funcionario.
El secretario reiteró que los imputados que alcanzan libertad lo hacen con obligaciones jurídicas bajo el principio de reparación del daño en favor de la o las víctimas y su sometimiento a medidas de supervisión; contrario a lo que sucedía, dijo, con el anterior sistema cuando presuntos delincuentes salían en libertad sin ninguna medida de cautela.
Agregó que el nuevo sistema permite la conclusión de procesos en un lapso de dos semanas a dos meses, generando que la justicia sea efectivamente pronta.
“Actualmente los procesos concluyen en un lapso de entre dos semanas y hasta dos meses, en más de 50% de los imputados llevados a las instancias judiciales se aplicó la ley imponiendo las consecuencias legales y reparando el daño a las víctimas”.
Juan Martín Granados reportó que la semana pasada, tanto personal del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública como de la embajada de Estados Unidos en México, llegaron al estado para conocer el sistema bajo el que opera Cosmos.
Agregó que este interés está relacionado principalmente al uso de la tecnología, como el programa que usan los policías para levantar denuncias en el lugar de los hechos.
“Con ambas instancias hay un fuerte compromiso para seguir trabajando, ya que consideran el modelo de Querétaro un éxito en el país”.
También informó que el estudio Hallazgos 2016, elaborado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, ubica a la entidad en el cuarto lugar del país en avances reales y efectivos en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio.