Los habitantes de la colonia Manantiales, que fueron aprehendidos por la policía municipal el martes pasado, afirmaron que analizan la presentar recursos legales en contra de las autoridades que dieron la orden de detenerlos, consideran que se trata de una violación a los Derechos Humanos; en específico al de Libertad de expresión.
Ocho personas fueron detenidas por la Policía Municipal de San Juan del Río, cuando salían de la colonia antes mencionada, iban a pedir una audiencia con el alcalde, Guillermo Vega Guerrero; uno de los detenidos fue el fotoperiodista queretano, Víctor Hugo Jiménez Bravo, asegurado al intentar documentar la actuación policial.
De acuerdo con Hugo Covarrubias, otro detenido, la intención de los habitantes no era hacer una manifestación en la presidencia municipal, sino que los vecinos se reunieron para buscar al alcalde y exponer una serie de necesidades que se presentaron a raíz de las inundaciones de la semana pasada. Expuso que mediante asambleas se determinó que acudirían representantes de cada calle.
Sin embargo, la actuación de las autoridades derivó en un conflicto que no fue iniciado por los habitantes de Manantiales, incluso precisó que las demandas a presentar no sólo eran peticiones, sino propuestas para poder solucionar las pérdidas y daños.
“Al salir de la colonia estaba un funcionario del gobierno municipal que nos pedía que fuéramos una comisión de tres personas a platicar con él en la presidencia municipal; este funcionario era Fernando Torres y llegamos al acuerdo de irnos a la presidencia, que nos abrieran la sala de cabildo y que ahí íbamos a esperar. Pero Torres hizo una llamada y ahí cambió la actitud”, apuntó.
Refirió que durante la detención, los policías agredieron a los ciudadanos que fueron aprehendidos y los esposaron; posteriormente los llevaron a una clínica para hacer una valoración de su estado de salud, y finalmente los llevaron a los separos municipales; sin embargo, esto ocurrió en aproximadamente dos horas en las que ni abogados o familiares supieron las condiciones en las que se encontraban.
Acusaciones
Hugo Covarrubias puntualizó que el alcalde, Guillermo Vega, lo acusó a él y a su esposa Alicia Rodríguez Aguilar de buscar ser intermediarios en la entrega de apoyos, lo cual rechazó pues aseguró que se establecieron acuerdos durante una asamblea donde se acordó que los acercamientos no tendrían ningún objetivo partidista.
Indicó que el edil también dijo que el censo que elaboraron los vecinos no correspondía a los ciudadanos que viven en la zona; sin embargo, la autoridad municipal no quiso recibir el conteo y sólo ha respondido a una agrupación alterna encabezada por una persona que no vive en la colonia.
Covarrubias afirmó que las personas afectadas interpondrán recursos legales ante diferentes instancias, dado que las detenciones realizadas por la policía municipal fueron arbitrarias y hubo una violación de los derechos humanos.
