La falta de documentos agrarios ha generado que 38 ejidatarios de Senegal de las Palomas, en San Juan del Río, no puedan tener la certeza de sus tierras, las cuales son consideradas por las autoridades como tierras de uso común, sin embargo se trata de terrenos que han sido utilizados para la agricultura desde inicios de la década de los años ochenta.
Este grupo de agricultores, todos adultos mayores entre 60 y 75 años, han enfrentado un proceso ante las autoridades agrarias desde junio de 2014, cuando no fueron reconocidos a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede); sin embargo 20 de ellos cuentan con parcelas de temporal y 18 más tienen sus tierras en una zona donde ya existe infraestructura de riego a través de un pozo, que ellos mismos gestionaron y han mantenido.
El ejido de Senegal de las Palomas se encuentra en la zona norponiente del territorio de San Juan del Río, colinda con los ejidos de Arcila y El Sauz, este último del municipio Pedro Escobedo; se estima que está conformado por más de 600 hectáreas, y lo integran más de 100 ejidatarios. Las tierras son usadas para la siembra de maíz, frijol, cebada, alfalfa, trigo y la zarzamora.
Roberto Landeros Ordaz, representante de los ejidatarios afectados, dice que la problemática que enfrentan reside en la falta de documentos agrarios que reconozca la propiedad de esas tierras, no obstante todos ellos son originarios de la comunidad y las tierras de cultivo fueron asignadas con autorización de sus padres y abuelos ante la asamblea del ejido.
Relató que aunque la siembra se ha realizado de forma ininterrumpida durante los últimos 35 años, en el proceso de la certificación que hizo Proce el Comisariado señaló que las tierras entregadas a este grupo de campesinos eran de uso común pese a la existencia de cultivos y de infraestructura de riego, además de un reconocimiento como nuevos ejidatarios, lo cual quedó asentado en un acta de asamblea del año 2014.
“En 2014 el comisariado en turno permitió que entraran los del Procede para hacer la medición del ejido, pero los predios de nosotros no los tomaron en cuenta, los midieron como uso común. La propia asamblea nos reconoce como ejidatarios, entonces nosotros ahorita estamos inconformes porque nuestros predios los dejaron registrados como de uso común y ahora que tenemos el derecho de ejidatario no nos permiten participar en las asambleas para solicitarles que nos autorice la medición de nuestros predios”, explicó.
Cuando fue la repartición de los predios, agregó el ejidatario, los padres y abuelos de estos campesinos estuvieron de acuerdo en entregar las tierras, sin embargo solamente se hizo ‘de palabra’, pues no hubo documentos como testamentos agrarios o algún título parcelario.
Ahora, 35 años después de la apertura de las tierras al cultivo, cuando los ejidatarios ya son adultos mayores y sus padres no están para certificar la entrega, el conflicto con el comisariado ha hecho que este asunto haya llegado hasta las autoridades agrarias. Esta falta de certeza jurídica es uno de los temas que más lamentan los ejidatarios y para evitar que se repita con sus hijos han buscado obtener su título de propiedad
“Estamos hablando que hace 30 años se estilaba que en los ejidos, la asamblea se instalaba y entregaban la posesión de algún terreno pero no había documentos, entonces nos quedamos en ese entendido y nunca consideramos que era necesario que nos dieran un documento, porque somos nativos del pueblo e hijos de los ejidatarios del pueblo”, manifestó Roberto Landeros.
Al caminar por la orilla de las tierras que están en pugna, un grupo de 10 ejidatarios nos muestra los límites del ejido y las parcelas sembradas con maíz, frijol y alfalfa. Al terminar la parte de los terrenos de temporal nos piden acompañarlos a la zona de riego, donde se encuentra el pozo Senegal de las Palomas 1 bis, el cual fue gestionado ante las autoridades gubernamentales y ha sido cuidado por estos mismos campesinos.
“A todo mundo le consta que el comisariado Florencio Sánchez nos dio los terrenos, era el de esa época. En la actualidad son 2 o 4 personas que no están de acuerdo y demandaron la nulidad del acta cuando se nos reconoció como ejidatarios pero resultó improcedente la nulidad”, relata nuestro guía, un hombre de más o menos 70 años que jala su bicicleta para pasar por el lodo y la tierra húmeda de las parcelas.
A decir de Roberto Landeros, el conflicto fue iniciado por Bernardo Ramírez, un habitante de la localidad a quien se le destituyó como Comisariado, hace algunos años, porque incumplía con el requisito de ser ejidatario para ostentar dicho cargo. A raíz de este hecho, acusó, Bernardo Ramírez ha promovido que se niegue el registro de las tierras.
El asunto ha llegado hasta la autoridad del Registro Agrario Nacional (RAN) por lo que el visitador asignado para el área de San Juan del Río ha sido interventor en el conflicto y el pasado 13 de septiembre logró que hubiera un acuerdo previo entre el Comisariado y este grupo de ejidatarios. Pero nada está dicho todavía, pues hace falta que el ejido permita la medición de los terrenos para integrarlos al registro de Procede.
“Después de que no procedió la nulidad del acta de asamblea, nos dimos a la tarea de inscribirla en el Registro Agrario, ya se les inscribió y se nos expidió constancia de reconocimiento como ejidatarios, por esa razón estamos pidiendo la forma de solicitarle a la asamblea que nos autorice la medición de los terrenos para tener la certeza de las colindancias”, explicó.
Para estos campesinos, la lucha que han enfrentado por defender las tierras que les heredaron sus padres les ha mostrado la importancia y necesidad de cumplir con los lineamientos legales que se establecen para acreditar la tenencia de la tierra.
Estos terrenos en pugna implican, más allá de un medio de subsistencia, la herencia de sus padres y abuelos quienes toda su vida se dedicaron a cuidar la tierra, a sembrar con sus manos y es la actividad que ellos no quieren dejar de realizar.