En San Juan del Río serán 2 mil 200 servidores públicos quienes rindan su declaración patrimonial y de intereses durante mayo, informó la titular del Órgano Interno de Control, Catalina Calva Corona, quien mencionó que el gobierno municipal adquirió un servidor a través del cual se podrán hacer los trámites en cada una de las dependencias.
Destacó que, debido a las nuevas disposiciones de la ley, todos los trabajadores de las administraciones públicas están obligados a presentar sus declaraciones, por ello es que en el caso de San Juan del Río el número de funcionarios creció casi tres veces, al pasar de 779 a 2 mil 200 sujetos obligados, dado que también están considerando al personal de los organismos descentralizados como el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y el Sistema Municipal DIF.
En ese sentido, Catalina Calva indicó que ya han realizado la capacitación correspondiente en cada una de las dependencias, y para lo cual ya tienen enlaces que se encargarán de coordinarse, mientras que en tres secretarías —que son las que cuentan con mayor número de personal— los trabajadores del Órgano Interno de Control colaborarán en las actividades.
“Ya estamos cubriendo la fase de registro en el SAT para tener la e-firma, con la cual se puede ingresar a la plataforma que usará la Secretaría de la Función Pública y con eso se puede dar de alta la manifestación… los sujetos que nunca hayan estado inscritos harán una especie como de declaración inicial”, apuntó.
La titular del OIC mencionó que, en el caso de San Juan del Río, la administración municipal adquirió un servidor, el cual tuvo un costo cercano a 90 mil pesos y permitirá hacer los trámites con facilidad. Indicó que hubo algunos ayuntamientos que arrendaron el servicio; sin embargo, en este caso se determinó la adquisición.
Recordó que esta declaración es una obligación de los servidores públicos, mientras que en el caso de San Juan del Río se tienen antecedentes de multas e inhabilitaciones en contra de personas que incumplieron con dicho trámite. Agregó que la modificación a la ley establece multas más fuertes e inhabilitaciones por periodos más amplios, por ello es que se ha promovido el cumplimiento de la obligación.
“Son diferentes los parámetros de sanción… anteriormente estaban tasados en 15 días de multa o 15 días más una inhabilitación, esta vez las multas tienen un parámetro más grande y las inhabilitaciones se pueden dar en las finales. Por ejemplo, si un servidor público termina su relación laboral con el municipio y no presenta la declaración se le inhabilita”, puntualizó Calva.