El representante legal de la cooperativa indígena Tzibanzá, ubicada en el municipio de Cadereyta de Montes, Rafael Arriaga Conde, acusó amenazas por la defensa del grupo otomí, que mantiene un litigio con el gobierno queretano.
Adelantó que iniciará una denuncia penal por la vía federal y local en el estado de Hidalgo de donde es originario.
De acuerdo con el abogado ya se tiene una denuncia ante el Ministerio Público Federal de Tula contra el gobierno de Querétaro por los delitos de peculado y fraude, en agravio de 93 familias que integran la cooperativa Tzibanzá.
Explicó que el litigio por los terrenos se deriva de un apoyo que realizó la pasada administración del gobierno de Querétaro, encabezada por Francisco Domínguez Servién, a los indígenas otomíes.
Durante la gestión del exgobernador se les notificó que podrían recibir un apoyo de 64 millones de pesos, para la ampliación de un hotel que se encuentra en ese lugar dentro del complejo de la presa Zimapán.
Sin embargo, para que pudieran bajar los recursos tenían que poner a nombre del gobierno del estado una de las cuatro hectáreas de terreno que tiene esta cooperativa, pero durante el traspaso que se hizo a través del Registro Agrario Nacional (RAN) fueron las cuatro hectáreas las que se pusieron a nombre del gobierno estatal, que se comprometió a que posteriormente los terrenos serían restituidos a la cooperativa.
Aparentemente sólo se les cobraría una renta única de 200 mil pesos, sin embargo, de acuerdo con el abogado, ahora pretenden que se les pague de manera mensual esa cantidad por unos terrenos que son de los indígenas. Además acusó amenazas de muerte de algún presunto grupo criminal.
Miguel Martínez Peñaloza, presidente municipal de Cadereyta de Montes, aseguró que los pobladores de la cooperativa de Tzibanzá no han sido despojados de sus tierras, pero confirmó que el terreno donde se ubican sí está a nombre del gobierno del estado.
“Nos hemos acercado con la cooperativa, y sabemos del problema, no existe tal problema, porque nadie se ha llevado su tierra, su tierra sigue ahí”, subrayó el alcalde.
Martínez Peñaloza reiteró que el cambio de escritura es para que las autoridades municipales, estatales o federales puedan construir infraestructura con recurso público. “Es así como está a nombre del estado, nadie los ha despojado”, enfatizó.