A 12 días de que concluya su mandato, en el estado de Querétaro detuvieron al alcalde priista de Pinal de Amoles, Isidro Garay, junto a su secretario de Finanzas, Luis Gerardo Barrera Mejía, a quienes se les imputa el delito de peculado.
La mañana del sábado, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del estado de Querétaro informó sobre la detención de dos servidores públicos del municipio de Pinal de Amoles, pero no reveló los nombres, ya que la dependencia está imposibilitada para hacerlo, debido a que en el proceso que se sigue los imputados tienen derecho a la presunción de inocencia, pero fuentes de la fiscalía confirmaron a EL UNIVERSAL Querétaro que se trata del presidente municipal de dicha demarcación y de su secretario de Finanzas.
La detención se da luego que autoridades del propio municipio de Pinal de Amoles denunciaron diversas irregularidades en la contratación del servicio médico que se brindaría a los trabajadores del ayuntamiento. Al investigar los hechos, se pudo corroborar que los imputados desviaron diversas cantidades de dinero para el pago al proveedor del mismo.
Tanto el edil como su secretario de Finanzas fueron ingresados al Centro Penitenciario de Jalpan de Serra, en la Sierra Gorda queretana.
El siguiente paso es que sean puestos a disposición del juez de la causa, donde acompañados por sus abogados escuchen los cargos que la Fiscalía Especializada les imputa y así, solicitar su vinculación a proceso.
En lo que va de la actual administración estatal, encabezada por el panista Francisco Domínguez Servién, es el segundo caso en el que se aprehende a un presidente municipal en funciones, el primero fue el exalcalde de Colón Alejandro Ochoa Valencia.
A este exfuncionario público, panista, se le vinculó a proceso también por presunto peculado, luego de haber generado un daño, en 2017, al erario por 40 millones de pesos, en conjunto con otros dos integrantes de su gabinete.
Ochoa Valencia ingresó al Centro de Reinserción Social de San Juan del Río el 13 de agosto de 2020; sin embargo, para tener la posibilidad de continuar su proceso en libertad, renunció al de forma definitiva a su cargo como presidente municipal de Colón.
Fue hasta finales de junio cuando, a través de una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se comprobó que ya no ejercía el cargo como alcalde de esa demarcación, por lo que pasó alrededor de 10 meses preso.
Durante su estadía en el Cereso señaló, a través de sus redes sociales, que fue sometido a un supuesto aislamiento para prevenir contraer el Covid-19, por lo que estaría incomunicado.