El gobierno municipal de San Juan del Río fue embargado por 6.5 millones de pesos, por parte de un despacho que habría dado un servicio de gestión a la administración 2009-2012, que encabezó el ex alcalde priísta, Gustavo Nieto Chávez, por lo que la autoridad municipal apelará la resolución.
En conferencia de prensa se dio a conocer que, además de este asunto, el municipio enfrenta otra determinación judicial por el pago de 9 millones de pesos como indemnización a tres personas que fueron detenidas en 2007 por la policía municial, por lo que en total el municipio tendría que pagar 15.5 millones de pesos por estos asuntos.
Guillermo Vega Guerrero dijo que el gobierno municipal solicitará la intervención del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que se analice la procedencia de la sentencia, además de que instruirá a una comisión ordinaria contra la corrupción para que revise la actuación de los ex servidores públicos relacionados con ambos casos y sean llamados a comparecer.
En el primero de los casos, precisó, se trata de un procedimiento iniciado por un incumplimiento de contrato de servicios jurídicos; el convenio, mencionó, fue firmado por el entonces alcalde Gustavo Nieto Chávez (actualmente delegado de la Sagarpa en el estado), así como por el regidor síndico, Álvaro Rodríguez de la Vega; el tesorero municipal, José Luis Gómez, además de la secretaria del ayuntamiento, Blanca Mancera.
En tanto que se trata del despacho “Cruz y Mesa Abogados SC”, representado por José Marín Meza Sánchez. El contrato de prestación de servicios se firmó el 22 de octubre de 2009, 21 días después de la toma de protesta del edil, mientras que establece un monto de 3 millones de pesos; sin embargo, éste no fue pagado por el gobierno municipal y por lo tanto fue demandado.
A decir de Guillermo Vega, el despacho fue contratado como gestor para la recuperación de impuestos, aunque solamente hizo la función de concertar una cita entre el gobierno municipal y el entonces encargado del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en la región. Por lo anterior, manifestó que llamarán a comparecer a los ex funcionarios involucrados, además de que apelarán para no pagar ese monto.
En el segundo de los casos, mencionó que la resolución fue resultado de un proceso iniciado en 2007, durante la administración del panista, Jorge Rivadeneyra Díaz, debido a que la policía municipal detuvo a tres personas el 10 de mayo de ese año, durante un conflicto en el Barrio de San Isidro.
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