Urgen que las autoridades construyan un puente vehicular y peatonal que evite los constantes accidentes viales a los que se enfrentan tanto los 25 mil habitantes de cinco comunidades de San Juan del Río como los conductores que atraviesan la carretera 57, declaró José Osornio Alonso, comisariado del Ejido La Cueva.
Se trata de una solicitud que se realiza desde hace 12 años para evitar alrededor de 50 accidentes a los que se enfrentan cada mes, y aproximadamente 50 muertes registradas en 10 años.
Revelaron que de no responderse a su solicitud de forma positiva, podrían denunciar al Presidente de la República por incumplir a su compromiso de atender las demandas sociales.
Ya se han tenido acercamientos, aunque infructuosos, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual estimó que para responder a las obras que demandadas los habitantes de San Juan del Río se requerirían de 300 a 500 millones de pesos, dinero que no se tiene, de ahí que los ejidatarios también analizan solicitar el respaldo de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).
Se requiere la intervención en el entronque de la autopista México-Querétaro y la carretera Palmillas-Atlacomulco, vialidades que, además de ser transitadas por automovilistas a gran velocidad, los habitantes de cinco colonias se ven obligadas a atravesarlas a pie, con el riesgo que eso conlleva o, cuando tienen coche, sortear los vehículos que atraviesan a altas velocidades.
Las comunidades directamente beneficiadas serían San Sebastián de las Barrancas, Puerta de Palmillas, Palmillas, Santa Bárbara y Paso de Mata.
En la rueda de prensa, Tomás y Carolina Cruz urgieron a que se tomen acciones para detener la afectación de caminos que la construcción de una mega gasolinera provoca a los habitantes de El Cazadero, en San Juan del Río.
Explicaron que la constructora carece de un camino directo de la carretera a la mega gasolinera, de ahí que opta por utilizar los caminos de El Cazadero, lo que implica hacer rodar por los caminos de la comunidad camiones de 16 metros cúbicos material.
El ayuntamiento rechazó dar a conocer el nombre del dueño o la constructora, de ahí que los habitantes deberán solicitar información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para saber a quién dirigirse para reparar los caminos, así como si cuenta o carece la obra de autorizaciones.