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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró que la Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Ayotzinapa “no tiene la objetividad y la imparcialidad que se requiere porque le deja la dirección de la investigación a los representantes de la víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, afirma Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el general Ramos Flores dice que si las acciones para instrumentar una comisión de la verdad se ajustan al marco de la ley, las Fuerzas Armadas se ceñirán a esa legislación.
“La Sedena ha ejercitado algunas acciones porque considera que la comisión de la verdad no está prevista en el orden jurídico mexicano ni está prevista en algún tratado internacional, entonces, nosotros pensamos que una investigación a cargo de un organismo, que por cierto, le deja la dirección de la misma a los representantes de la víctimas [CNDH], pues no tiene la objetividad y la imparcialidad que se requiere”.
Como consecuencia de esa postura “algunos elementos militares interpusieron un recurso contra esa resolución, porque si la investigación no se hace en el marco de la ley, pues sus derechos, sus garantías pueden verse lesionados al ser una investigación ad hoc, fuera de procedimiento, una investigación, insisto, sin garantías”.
A cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, rechaza la participación del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala: “Es importante dejar claro que derivado de las investigaciones y, como se ha sostenido, la Sedena, ha informado que no hubo ninguna participación [la noche de los sucesos], no existe ningún elemento que refiera que se actuó por parte de personal militar”.
Afirma que “es sospechoso que toda la carga de la ira, de los señalamientos y que la principal preocupación del caso sea que se busque la responsabilidad del Ejército por una supuesta omisión”.
Refiere que ese batallón está encargado de colaborar en actividades de seguridad en un sector integrado por 10 municipios. En aquel momento, se encontraba asignado a actividades como adiestramiento y atención a emergencias tras el incidente con una pipa, por lo que el personal en el C4 reportó la actividad de los estudiantes y los mandos militares se comunicaron con los directores de la policía municipal y de la estatal, quienes aseguraron tener todo bajo control.
“El conocimiento que tuvo el batallón con respecto a estos hechos en realidad fue a partir de reportes del C4 sobre que estudiantes estaban trasladándose a Iguala y tomaron algunos autobuses de pasajeros para sus actividades; el personal de la policía, por supuesto estaba resguardando el orden, conteniéndolos”, asegura.
Ramos Flores afirma sobre la presencia de un militar que tomó fotografías al percatarse del movimiento de los camiones: “Por alguna circunstancia estaba en ese momento ahí, reportó que el personal de la policía estaba conteniendo a los estudiantes y que los estaban bajando de uno de los autobuses. Se percató de que la policía empezó a verlo como sospechoso y entonces decidió reintegrarse al cuártel. Esa es la mayor participación que hubo, si es que se puede decir que hubo participación”.
Detalla que los militares comenzaron a realizar rondines de vigilancia tras los hechos, sobre todo después de recibir el reporte del ataque al autobús del equipo de futbol Avispones, así como el de la presencia de un supuesto grupo armado.
“Quien estaba actuando en contra de los estudiantes era la policía. No sólo es una cuestión de toma de decisiones, es jurídica, y así fue informado a la Procuraduría General de la República [PGR]. Tenemos un reglamento y una ley de disciplina que nos prohíbe entrometernos en los asuntos de la policía”.
Dice que la PGR ha incluido dentro de sus investigaciones información, entrevistas y testimonios del personal militar: “Cuantas veces he sido citado a declarar por el Ministerio Público he acudido. Con lo que no se ha coincidido es que este personal [los militares] sean llamados a declarar ante quien no es autoridad, ante quien no le da las garantías del debido proceso, porque finalmente cualquier cosa que diga pudiera al final repercutir en su perjuicio”, asegura.
Considera que en la investigación sobre el caso “hay que distinguir los intereses que pueden subyacer detrás del movimiento y del dolor de los familiares de los estudiantes que padecieron esta lamentable situación.
“La principal preocupación tendría que ser que investiguen qué fue lo que pasó, quiénes actuaron en contra de los estudiantes y dónde están”.
El mando militar recalca que no se debe olvidar la responsabilidad de las autoridades estudiantiles, que debieron estar enteradas de la salida de los jóvenes del plantel, además de continuar con la línea de investigación relacionada con la confusión entre los grupos criminales de los Guerreros Unidos y Los Rojos, de la que se han obtenido algunas conversaciones telefónicas.
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