El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 el pasado día 21, en el que analiza su desempeño en México. Se trata de un texto muy completo y bien presentado, que busca contribuir a las mejores decisiones de política pública, al señalar algunos de los retos que enfrentará la siguiente administración en el ámbito social. El informe resulta además oportuno considerando el proceso electoral en curso.
El documento tiene como propósito hacer un análisis del desempeño de dicha política en los últimos 10 años con base en la medición de la pobreza y de las evaluaciones a políticas y programas de desarrollo social, así como en la revisión del cumplimiento de los derechos sociales. Se logra un buen diagnóstico y se hacen recomendaciones a partir de una evaluación objetiva.
Desde un principio, se reconoce que el país ha tenido resultados mixtos en los últimos 10 años, reflejado que entre 2008 y 2016 el porcentaje de la población en situación de pobreza se mantuvo prácticamente sin cambio (44.4% contra 43.6%, respectivamente), aunque la proporción de pobreza extrema se redujo significativamente (11% contra 7.6%), pero “al mismo tiempo se han observado incrementos en la cobertura de servicios básicos tales como educación, salud, vivienda y seguridad social.” Es más correcto hacer el comparativo en términos relativos, porque aunque sea más vistoso hablar de millones de personas, es evidente que el crecimiento poblacional en ocho años lo sesga.
Se destaca que se incorpore el enfoque de derechos humanos en el Informe. Es de resaltar que Coneval reconozca que para avanzar de manera acelerada en el desarrollo social, se necesite visibilizar más el acceso efectivo a los derechos, así como las brechas que aún existen entre diferentes grupos sociales.
En la reducción de la pobreza extrema, se considera que podría ser a consecuencia de los programas, acciones y estrategias de coordinación focalizadas en los últimos años. Lo anterior, también se valida porque el porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales pasó de 32.3% a 26.8% en ese periodo; mientras que la población vulnerable por ingresos muestra una tendencia al alza al pasar del 4.7% al 7% en 2016.
Al analizar la pobreza por ámbito geográfico, Coneval plantea un doble reto para la política pública: reducir la marcada incidencia de pobreza en un gran número de zonas rurales, caracterizadas por ser pequeñas y dispersas (por ejemplo, municipios de Oaxaca y Chiapas) y; disminuir el volumen de la pobreza en contextos urbanos, donde si bien el porcentaje de pobreza es relativamente menor, el volumen de personas que viven en condiciones precarias es elevado (Ecatepec, Puebla, Iztapalapa, León, entre otros municipios).
Se muestra claramente como la política salarial ha contribuido a que la evolución del porcentaje de la población con ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo sea negativa. Así, entre el primer trimestre de 2005 y el cuarto de 2017 éste subió seis puntos porcentuales a 41%. A su vez, la inflación registrada en 2017 influyó para que la masa salarial cayera 3.4%, entre el cuarto trimestre de 2016 y el de 2017.
En este sentido, Coneval hace la siguiente recomendación: “Aumentar el salario mínimo de manera constante y moderada usando el mecanismo denominado Monto Independiente de Recuperación [MIR], propuesto por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos [Conasami], que ha sido empleado en los últimos dos años.”
En realidad, el MIR fue aceptado a regañadientes por la Conasami y propuesto originalmente por expertos y organismos de la sociedad civil.
Al analizar las brechas en el acceso efectivo de derechos de grupos en desventaja, se presentan los casos de mujeres, población indígena, personas mayores y jóvenes. Resulta muy reveladora la recomendación que se hace para atender a la población discriminada.
“Establecer claramente los responsables de la atención de la población discriminada o vulnerable, dado que la existencia de instancias transversales para la atención de estos grupos ha permitido que la responsabilidad en la atención sea ambigua”.
En fin, esperemos que los candidatos a la Presidencia tomen en cuenta los hallazgos y recomendaciones del Informe que tiene mucha tela de donde cortar.
Addendum. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el conteo rápido del INE con base en el cuadernillo de operaciones, porque su llenado “… no impacta el procedimiento de escrutinio y cómputo, ya que esa disposición fue prevista y establecida por el legislador en el artículo 290, párrafo 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).” (Boletín del 23 marzo 2018).
Catedrático de la EST-IPN:
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