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Un tribunal panameño definirá esta tarde el futuro judicial del político mexicano Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, quien dirá si acepta o rechaza su extradición a México desde Panamá.
El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Circuito Judicial de Panamá, de esta capital, adoptará la decisión tras escuchar ayer al Ministerio Público de esta nación plantear presuntas acusaciones en contra de Borge, en las que se le atribuyó un supuesto daño de 4 mil 46 millones de pesos—unos 254,6 millones de dólares—al patrimonio de México.
El fallo será anunciado en una audiencia a partir de las 16:30 horas locales (mismo tiempo del centro de México), después de que Borge, de 37 años, informó ayer al Tribunal que sus ingresos mensuales suman 250 mil pesos mexicanos y que esa cifra oscila entre 16 mil y 17 mil dólares.
Borge compareció ayer, de las 17:45 a las 20:24 horas, ante esa dependencia y desistió de aceptar y allanarse a la extradición, derecho al que puede acogerse en cualquier momento del proceso. En una primera comparecencia el 6 de junio pasado frente a esa misma instancia, se negó a allanarse y rechazó la posibilidad de ser extraditado por un proceso rápido a México.
Al final de la sesión de ayer, el Tribunal determinó que por tratarse de una situación de “complejidad”, decidió hacer un análisis minucioso y dar a conocer hoy su determinación.
El veredicto, que puede ser apelado por la defensa ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, será notificado a las partes en la Sala 1 de las oficinas del Órgano Judicial de Panamá en la Plaza Ágora, en el sur de esta ciudad.
A la visita están convocados Borge, su abogado defensor panameño Arturo González, y el fiscal panameño José Candanedo, de la Fiscalía de Asuntos Internacionales del Ministerio. El Tribunal es integrado por tres magistrados panameños: Mauricio Marín, como presidente, acompañado por Gretta Marchosky y Andrés Reyes.
A solicitud de México con fines de extradición por el presunto delito de lavado de dinero, el político fue detenido por autoridades panameñas en la noche del pasado 4 de junio en el aeropuerto internacional Tocumen, de esta capital, cuando se disponía a viajar a Francia.
La orden de arresto del político fue emitida 31 de mayo anterior por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita 0 lavado de dinero, al ocultar o pretender ocultar el destino de diversos bienes de origen ilegal durante su gestión como gobernador, de 2011 a 2016.
En la solicitud formal que el 24 de julio anterior presentó a Panamá para la extradición de Borge, el gobierno mexicano añadió tres aparentes delitos estatales en Quintana Roo, con órdenes judiciales de arresto emitidas por autoridades judiciales de la ciudad mexicana de Chetumal en junio y julio de este año: peculado, desempeño irregular de función pública y aprovechamiento ilícito del poder.
El ex gobernador está recluido desde el 9 de junio anterior en El Renacer, una prisión en el litoral panameño en el Océano Pacífico.
Negocios. Candanedo informó al Tribunal que en la solicitud formal de extradición de Borge que presentó el 24 de julio pasado, el gobierno de México determinó, basado en la documentación de la Procuraduría General de la República (PGR), que el gobierno de Borge en Quintana Roo habría impulsado contratos de compra—venta de 23 inmuebles desincorporados de ese estado que fueron vendidos a precios “muy por debajo” de su real valor.
Los terrenos fueron adquiridos por miembros del círculo familiar de Borge, como su madre, Rosa Angulo Castillo, explicó Candanedo.
La desincorporación de esos bienes, aseguró el fiscal, “sin respetar los procedimientos” legales permitió venderlos en aproximadamente 208 millones de pesos (unos 11,8 millones de dólares), aunque su valor real es de unos 4 mil 675 millones de pesos (unos 266,4 millones de dólares). Por esa “venta irregular”, el estado mexicano “dejó de percibir” 4 mil 466 millones de pesos (unos 254,6 millones de dólares), aseguró.
En su intervención, el fiscal expuso otra serie de casos que en los que se utilizaron operaciones comerciales de procedencia ilícita para ocultar o pretender ocultar bienes ganados en esas transacciones.
La defensa del político intentó minimizar las acusaciones por los supuestos delitos estatales, aseguró que la orden de detención por el caso de lavado de dinero estuvo marcada por “vicios” y pidió que su cliente sea liberado mediante el pago de una fianza.
Pero el fiscal, como defensor de los intereses del gobierno mexicano, alertó al Tribunal que Borge “puede perderse de vista” si se le otorga libertad y pidió rechazar la petición de dejarle libre con fianza o favorecerlo con un rango distinto al de permanecer encarcelado.
