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La Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado en el que informó que la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos de Tortura multó a diversos funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, referente al caso de Alejandro “N”.
Esto debido a que, según la dependencia federal, no cumplió los requerimientos ministeriales que permitan integrar la carpeta de investigación por el delito de tortura en agravio del ex secretario del Partido Revolucionario Institucional.
Ante esto, el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel informó que la FGE impugnará las multas impuestas por la PGR, debido a diversas inconsistencias en el proceso de solicitud de información.
A través de un comunicado indicó que el 23 de enero la FGE recibió un oficio de la Unidad de Investigación de Delitos de Tortura donde se solicitaba diversa documentación referente al caso de Alejandro “N”, imputado por el desvío de recursos por 250 millones de pesos, durante la administración de César Duarte.
La Fiscalía explica que no se presentó ningún servidor público a recibir la información requerida por lo que el 29 de enero la directora de Inspección Interna se presentó en las oficinas dela PGR para entregar los datos.
En respuesta, la dependencia emitió tres nuevos requerimientos en los que solicitaba a la FGE información del caso de Alejandro “N” que, según la FGE, ya habían entregado; ingreso al Centro de Reinserción Social, donde se encuentra el detenido; así como una copia certificada de la carpeta de investigación por el delito de tortura que lleva la Dirección de Inspección Interna.
La FGE explica que les dieron un plazo de 24 horas para cumplimentar estas órdenes y que el 1 de febrero la agente del Ministerio Público que se presentó a recibir las copias solicitadas se retiró de la dependencia chihuahuense sin las mismas, lo que se convirtió en una multa en contra de tres funcionarios, así como la reiteración de la petición de documentos.
FGE considera la multa como excesiva
La dependencia local considera esto un exceso por parte de la PGR pues, según sus propias declaratorias, fue la agente del Ministerio Público la que “se negó a recibir para hacer efectivo su supuesto apercibimiento”.
También informó que los afectados por las multas debieron ser notificados de manera personal y sostiene que este es un acto ilegal de la PGR pues asume una carpeta de investigación “que por ley le corresponde al Fuero Común”.
“Lamentamos profundamente que la Procuraduría General de la República asuma esta posición frente a las Fiscalías y Procuradurías Estatales, y en el caso particular, someteremos el presente asunto a los Tribunales respectivos mediante los medios de defensa que la ley establece”, cierra el comunicado.
