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El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que “ha tomado todas las medidas que mandata el Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento y Acoso Laboral y Sexual” del organismo, para dar curso a la denuncia de Karla, quien acusó presunto acoso sexual y laboral de parte del director del Secretariado del organismo, Jorge Lavoignet.
En respuesta a la columna Bajo Reserva de EL UNIVERSAL, que el 3 de enero señaló la falta de respuesta en el caso, el coordinador nacional de Comunicación Social, Rubén Álvarez, informó que el INE tomó las medidas previstas en el protocolo, lo que “implica el inicio de la investigación sobre las conductas atribuidas al director del Secretariado y la garantía del respeto de los derechos de la víctima.
“La investigación y el procedimiento se realizan de forma imparcial y con perspectiva de género”, se aseguró en el INE.
Sin embargo, la denunciante, identificada como Karla, fue despedida injustificadamente desde octubre, por lo que no se aplicó el protocolo, según la querella que interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el 16 de octubre pasado.
En su juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del INE, interpuesto ante el TEPJF, Karla, ahora ex trabajadora del organismo, denunció la presunta responsabilidad de Lavoignet Vásquez, pero también conducta irregular del personal de esa área.
“Sufrí violencia, hostigamiento, acoso sexual y acoso laboral, no sólo del personal adscrito y a cargo del director del Secretariado, sino también del propio director del Secretariado del Instituto”, denunció.
Según la acusación, esta conducta consistió en que “personalmente y en reiteradas ocasiones generó violencia sexual y emocional hacia mi persona, tocamientos lascivos con fines sexuales y posteriormente un continuo hostigamiento y acoso sexual para que tuviera relaciones sexuales con él”.
En su escrito, Karla reconoció que el INE, “en su afán de prevenir y, en su caso, eliminar el acoso sexual y laboral”, tiene un protocolo de actuación ante esas conductas. Este consiste, en esencia, en atención integral y especializada en materia jurídica, sicológica y médica para la víctima.
“Sin embargo, estimo que el mismo es insuficiente y no cuenta con elementos legales o previsiones que puedan ayudar de forma fehaciente a las víctimas de casos como el mío, que culminó en mi separación injustificada [de la plaza].
“Se afirma lo anterior, porque del mismo no se previene regulación alguna que establezca el proceso a seguir en casos como el mío y los derechos de la víctima de hechos tan atroces como los que tuve que vivir”, señala.
Por eso, ante el TEPF relató que lo ocurrido “se sale del marco de la aplicación del referido protocolo, porque desafortunadamente no tuve oportunidad de hacerlo valer por temor a las represalias hacia mi persona y porque fui despedido (sic)”.
Así, acusó agravio a sus derechos humanos, laborales y prestaciones, y responsabilidad del INE, mismo que después de semanas tomó cartas en el asunto y está por reinstalar a la denunciante.
Ahora está en manos del TEPJF, ante el que Karla pidió medidas para no ser revictimizada, juzgar el caso con plena perspectiva de género tomando en cuenta el estado vulnerable en el que se halla, por haber perdido el empleo, sufrido hostigamiento, “que se agravó durante los últimos meses” y, por tanto, haber sufrido afectaciones a su salud física y sicológica.
Otros casos. Dos días después de promover el caso ante el TEPJF —que aún no resuelve— el 18 de octubre Karla envió un escrito para informar del hecho al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, ante quien lamentó que “se permitan” esos casos pues, dejó entrever, hay más.
“Es triste saber que en tan noble institución en la que colaboré y tengo interés en seguir colaborando se permita que personas como dicho director trabajen y traten así a su personal (…) además de no ser la única víctima de tan deleznables actos”.
En los últimos años ha habido denuncias de presunto acoso sexual en el INE, en la Ciudad de México como en Veracruz y Tabasco. En 2015 una ex asesora, Leyla Acedo, acusó de esa conducta a un consejero electoral, pero el caso no prosperó y a ella se le ha visto en el INE.
