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El robo de combustible causa a México pérdidas estimadas en más de 1.000 millones de dólares al año, a través de la "ordeña" de oleoductos a pequeña o gran escala.
En este ilícito, que se disparó a partir de 2000 a la par del crimen organizado, participan desde comunidades que agujerean los ductos para llevarse el combustible en cubetas hasta empresas criminales, protegidas con armas de alto poder, que tienen flotas de camiones cisterna.
Desde hace años Petróleos Mexicanos (Pemex), las fuerzas de seguridad y el Congreso tratan de combatir este delito a través de distintas medidas, como operativos y mayores penas de cárcel. Con frecuencia las tomas clandestinas provocan la explosión de ductos con el resultado de muertos y heridos.
En la "ordeña", como se conoce en México este fenómeno, están involucradas tanto organizaciones como el Cártel del Golfo y los Zetas, como redes en las que participan empleados de Pemex y poblaciones para las que es una forma de vida.
En Puebla, una de las regiones con más actividad de este tipo es el Triángulo Rojo, donde hubo diez muertos en las últimas horas en enfrentamientos con militares por ese motivo. El importante oleoducto Minatitlán-México pasa por la zona.
"La gente prefiere comprar a los que venden el combustible ilegal que comprar a las estaciones de servicio", se quejó hace unos días Adalberto Baigts Montaño, vicepresidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo en Puebla, publicó el diario "Reforma".
El combustible se vende a la orilla de las carreteras y en mercados, pero también en gasolinerías que lo compran de manera ilegal a menor precio y lo venden al público al precio regular. También se han confiscado buques cisterna con hidrocarburo robado.
Guanajuato, Puebla, Tamaulipas y Jalisco son los estados con más cantidad de tomas clandestinas, de las que hay unas 6.000 en todo el país.
En 2015 Pemex anunció que empezaría a transportar únicamente gasolinas sin procesar por los ductos para desalentar los robos, pero la medida se aplicó sólo parcialmente.
"El robo de combustibles es un problema gravísimo que aqueja no sólo las finanzas de Pemex, sino a comunidades enteras y aquí Pemex va a redoblar esfuerzos en todos los frentes", dijo el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, en noviembre.
