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El camino al Hospital General de Xoco, en la Ciudad de México, parecía interminable, a pesar de estar a menos de media hora de distancia. Con preocupación, la madre observaba cómo escurría la sangre en el rostro de su hijo, mientras su esposo pisaba a fondo el acelerador. A la altura de Río Mixcoac el vehículo se detuvo por un desperfecto mecánico.
Desesperados, los padres abordaron el primer taxi que les hizo la parada. El chofer apenas si miró a Juan Pablo García, casi inconsciente por los golpes recibidos. Minutos antes, unos sujetos lo despojaron de su celular y de la cuenta del camión que manejaba todos los días y encerraba en la colonia Tetelpan, en Álvaro Obregón.
Esa noche de octubre de 2017 iba al hogar de su hermano. De pronto, escuchó la frase “saca pa’ las chelas”. Hizo caso omiso y continuó su andar, pero sólo dio unos pasos y sintió un golpe en la cabeza que lo derribó. Al otro lado, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, los dedos de las manos de Alejandro Rocha apenas alcanzan para contar los asaltos que ha padecido.
Ambos se suman a los 215 ciudadanos que son despojados al día de sus pertenencias en la vía pública y en el transporte público e individual (taxis) del país de 2015 a abril de 2018, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De la cifra de asaltos diarios, 168 se ejecutaron con violencia.
Estos datos podrían ser mínimos, en comparación con la cifra negra. La mayoría de las víctimas no denuncia por la pérdida de tiempo en el Ministerio Público (MP), los nulos resultados de las autoridades en materia de seguridad y la impunidad que prevalece.
Entre 2015 y 2016, el registro de robos se mantuvo: 73 mil 571 y 72 mil 347, respectivamente. Sin embargo, para 2017 aumentó 26.14%, con 91 mil 256 y para los primeros cuatro meses de este año va en la misma sintonía, con 24 mil 186. Del total de 261 mil 360 robos, se empleó la violencia en 205 mil 386.
Esta escalada responde a la incapacidad de las autoridades de reaccionar, prevenir y perseguir los delitos, asegura Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
“Como no hay un adecuado trabajo para desarticular a las bandas de delincuentes, lo que acaba sucediendo es que los delitos quedan en impunidad. Y la impunidad es un caldo de cultivo para que se sigan cometiendo. Si hoy compras un arma ilegalmente, y adquirirla es muy fácil, puedes tranquilamente salir a la calle a delinquir y tienes una muy baja probabilidad de ser detenido y sancionado. Y eso es lo que produce un aumento en la violencia”, explica.
Otra causa es que al no ser procesados adecuadamente, los infractores quedan en libertad por las fallas del sistema. Esto es por “la debilidad de las fiscalías, por ejemplo, los policías no se encuentran adecuadamente profesionalizados y el MP, sobre todo, no hace bien su trabajo”, resalta el especialista en Derecho, Mauro Arturo Rivera.
“¿Y qué pasa cuando no funciona bien el procedimiento? Si ven que no hay castigos asociados a la comisión de conductas delictivas, van a seguir delinquiendo; es un incentivo natural”, asegura.
En el suelo, Juan Pablo no supo quiénes, ni cuánto tiempo más lo golpearon porque perdió el conocimiento. Reaccionó hasta que un joven le preguntó que de dónde era y dónde vivía. Lo ayudó a levantarse y lo llevó hasta la puerta de la casa de su hermano.
Alrededor de 2 mil pesos le quitaron; su caso se suma a los 211 mil 574 robos a transeúnte en vía pública registrados en México —174 al día—. El “top 5” lo encabeza la Ciudad de Méxcico, con 44 mil 989; le siguen el Estado de México, con 40 mil 429; Tabasco, con 27 mil 808; Baja California, con 19 mil 867, y Jalisco, con 10 mil 960.
El ex jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, y otros políticos y representantes de organismos de la sociedad civil sostienen que la incidencia delictiva se debe al nuevo Sistema de Justicia Penal porque los infractores son liberados poco después de su detención.
Rivera y Rivas difieren al respecto. En México existe una cultura jurídica que durante mucho tiempo abusó de la prisión preventiva. Sin embargo, independientemente de que una persona esté o no en prisión preventiva, la sanción no es definitiva. Se limita al tiempo en que transcurre el proceso y con frecuencia las fallas de la fiscalía, la falta de pruebas, el uso de medios ilegítimos para obtener la evidencia, como tortura y coacción, es lo que determina que los acusados terminen saliendo libres. No la falta de esa prisión preventiva dentro del proceso, destaca Rivera, miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
“En la Conferencia Nacional de Gobernadores se han pronunciado al respecto, sobre cómo el nuevo sistema fomenta la incidencia delictiva, pero en realidad no. El nuevo Sistema de Justicia Penal, el modelo acusatorio penal, no es otra cosa que una forma de procesamiento, una forma de llevar el juicio. No es un instrumento de prevención del delito, es la forma en la que juzgamos a las personas que ya han sido atrapadas. No incrementa per se los delitos”, explica. Entonces, la causa principal de incidencia delictiva es la impunidad de los ilícitos procesados, no la falta de medidas cautelares.
A su vez, el director del ONC señala que no hay ninguna evidencia de que el nuevo sistema influya en el aumento de la incidencia delictiva, pero tampoco hay evidencias de que esté operando en contra de la inseguridad.
Apenas abordó la combi a la salida del Metro Cuatro Caminos, en los límites del Estado de México y la capital, notó la actitud sospechosa de dos sujetos. Al levantar su ropa para rascarse una cicatriz del estómago, a uno de ellos se le podía un arma de fuego.
Alejandro Rocha quiso bajarse enseguida, porque en la mochila traía su laptop. No quería un robo más a sus apenas 27 años de edad esa tarde de 2018. La suerte estuvo de su lado, en cuanto el vehículo salió del paradero, observó varias patrullas en la zona. En medio del tráfico, pagó su pasaje y descendió en cuanto vio a una policía. Tras bajar, le informó de la actitud sospechosa de los tipos y vía radio, la oficial lo reportó a sus compañeros. Metros más adelante, detuvieron el vehículo y los delincuentes fueron puestos a disposición de la autoridad.
La fortuna de uno de sus amigos, junto a su madre, no fue la misma cuando la encañonaron con una pistola. La mujer se puso nerviosa al entregar sus pertenencias a los delincuentes. “A ver doña, no se haga pendeja”, le dijeron mientras el camión transitaba sobre Periférico, a la altura de la plaza comercial Mundo E.
Viaje a la inseguridad
Viajar en el transporte colectivo del Estado de México resulta estresante e inseguro, porque de los 42 mil 635 robos registrados en el país de 2015 a abril de 2018, en la entidad se suscitaron 27 mil 324 —22 por día—. Le sigue la Ciudad de México, con 9 mil 875; Querétaro, con mil 518; Puebla, con 988, y Morelos, con 901 robos.
A nivel nacional, la inseguridad también va a la alza en el transporte público individual: 2 mil 182, en 2015; mil 696, en 2016; 2 mil 565 en 2017, y en este año, 708 robos. Un total de 7 mil 151.
El típico celular “chicharrón” se ha vuelto obsoleto ante los delincuentes. Es mejor cargar uno no tan económico o descompuesto y meterlo en el bolsillo del pantalón o la mochila. El “bueno”, ponerlo en vibrador o silencio entre el cinturón y la ropa interior. Lo mismo que una cartera, con un par de billetes para disimular. El poco efectivo, entre una revista o periódico. Las credenciales y tarjetas, en los bolsillos traseros o los calcetines.
Al salir o regresar a casa, esas son las medidas de seguridad que toma Rocha. Aunque no falta el día en que por las prisas o descuido algo falla. Entonces, el miedo y la ansiedad se presentan. No es para menos, tras haber sido asaltado con arma de fuego y blanca. Sólo una vez presentó una denuncia porque entre sus pertenencias iba su identificación.
Para combatir estos delitos, Rivas apunta que la respuesta es una policía capaz de efectuar acciones preventivas. Lo mismo que una procuraduría que haga inteligencia para tomar decisiones.
“Paralelamente, se requiere una política de armas, que va desde la relación con Estados Unidos hasta en lo particular, del cómo vamos a mejorar la actuación de las aduanas, de la Policía Federal en las carreteras. Y cómo van actuar los gobiernos locales, junto a la federación, para atacar la venta ilegal de armas. Si existieran esos elementos el robo disminuiría”, señala.
En todo el país, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró en total 17 mil 717 armas de fuego de enero de 2015 al 1 de marzo de 2018, de acuerdo con datos obtenidos vía Transparencia por EL UNIVERSAL. En la capital del país se incautaron 2 mil 996 (2 mil 31 armas cortas y 965 largas). En el Estado de México, 994 (726 cortas y 268 largas).
Rivera destaca que para incentivar la denuncia ante el MP, en primer término se deben simplificar los trámites. Si no hay agilidad, no habrá denuncia y si no hay denuncia ni siquiera comienza el proceso penal en muchos casos. Lo segundo es una mayor actividad fiscalizadora. “Seguir más de cerca qué hacen las fiscalías. Si están dando adecuada atención a los casos y ejercer verdaderas sanciones administrativas, respecto a algunos servidores públicos”, dice.
Con la cara hinchada, un ojo medio cerrado y escurriendo sangre, Juan Pablo García ingresó al área de urgencias de Xoco pasada la medianoche. Le tomaron los signos vitales, luego le cosieron la nariz porque necesitaba sutura, le administraron tranquilizantes y le dijeron que esperara una cama para que lo subieran a piso.
Al día siguiente, después de que otros médicos lo revisaron y tomaron placas, supo que tenía una fractura en el lóbulo ocular izquierdo. Requería cirugía. Para eso, tendría que comprar material: una malla, clavos y más. En ese momento, se dio cuenta de que además de sus pertenencias, le robaron su tranquilidad y lo más importante, su salud.
