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Ante la situación que viven los periodistas en el país, el Estado debe proporcionar el apoyo político necesario para el adecuado funcionamiento del Mecanismo de Protección para Periodistas, el cual debe de incluir los recursos económicos necesarios para que se puedan desarrollar eficientemente y de modo que sea sostenible en el tiempo, afirmó Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su colaboración para el libro En defensa de periodistas y defensores de derechos en riesgo, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Lanza consideró que es necesario remover todos los obstáculos que impiden en la práctica conseguir un avance efectivo en las investigaciones sobre los ataques contra periodistas.
“El Estado debe redoblar los esfuerzos para investigar los hechos que motivan el ingreso y permanencia de las personas amparadas por el mecanismo de protección, con el propósito de establecer como política de Estado la investigación como medida de prevención”, señaló.
El especialista manifestó que solamente el avance de las investigaciones permitirá complementar la eficacia de las medidas de protección adoptadas y desactivar los elementos que ponen en riego a los periodistas beneficiarias del mecanismo de protección.
“Desde la Relatoría Especial de la CIDH, hacemos un llamado al Estado para que se reconozca desde las más altas esferas la legitimidad y el valor de la labor periodística y se condenen las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de expresión”, señaló.
Lanza reiteró el apoyo a todas las instancias del Estado “y las instamos a tener una acción coordinada, integral y decisiva para enfrentar este grave problema”.
El relator recordó que el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión la CIDH, realizado en 2010, concluyó que en el país existe un clima de impunidad generalizada respecto a los casos de violencia contra los periodistas.
“México es considerado, además, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, exceptuando aquellos que están en guerra”, señala el informe del organismo continental.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que desde el año 2000 hasta la fecha se han cometido 130 homicidios contra periodistas; además, de 2005 a la fecha, 20 reporteros se encuentran desaparecidos, de los cuales dos son mujeres, y se han cometido un total de 52 atentados a medios de comunicación de 2006 la fecha.
El Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH informó en octubre pasado que de 170 averiguaciones previas de homicidios, desapariciones y atentados contra ese gremio, encontraron que 90% de estos casos no se castigan, por lo que sólo en 10% existe una sentencia condenatoria contra el agresor.
Hoy, Edison Lanza y David Kaye, Relator Especial de la ONU sobre libertad de expresión, presentarán los hallazgos preliminares de la visita a México iniciada el pasado 27 de noviembre, para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas tras la última visita, hace siete años.
Ambos se entrevistaron con funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.
