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El 5 de junio de 2009, un voraz incendio consumió la Guardería ABC, donde se encontraban 176 bebés y 50 adultos. El saldo fue de 49 menores de edad muertos y 106 lesionados, de ellos, 24 sufrieron quemaduras de tercer grado hasta en 80% de su cuerpo, así como daños irreversibles en su organismo. El accidente condenó a los menores de edad a vivir ligados a hospitales; en contraste, de las personas responsables de la tragedia, ni una está presa.
Aquel día, el fuego comenzó en una bodega de la Secretaría de Hacienda, donde había cerca de cinco toneladas de documentos, placas vehiculares y tres automóviles. El almacén y la Guardería ABC eran un solo galerón dividido por unas paredes, pero compartían el techo de poliestireno aislante, lo que facilitó que las llamas se propagaran a la estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Al principio una densa capa de vapores tóxicos invadió el lugar, luego se escuchó un estruendo y todo quedó a oscuras. El fuego empezó a derretir las placas de techo, que cayeron sobre el cuerpecito de los menores y adultos. Afuera, decenas de personas intentaban, sin éxito, derribar las paredes. Francisco López Villaescusa, acompañado de su padre, pasaba por el lugar y, sin pensarlo, impactó su vehículo contra la pared hasta que logró hacer un boquete. Entonces llegó la ayuda, aunque para unos era tarde.
No hay detenidos
Para las víctimas de la tragedia, la justicia no llega. Hay dos sentencias judiciales, una condenatoria de primera instancia y la de segunda instancia por el grado de apelación.
La primera resolución sucedió el 13 de mayo de 2016, cuando un Juez de Distrito dictó sentencia de entre los 20 y 28 años de prisión a 19 responsables de la bodega; los indiciados apelaron y, el 9 de junio de 2017, el Magistrado del Tribunal Unitario de Quinto Circuito bajó la condena de 20 a 14 años de prisión a 10 personas y ratificó la sentencia al resto. Por tratarse de delitos culposos (delitos no graves), ninguno de los 19 sentenciados está en prisión. Siguen el proceso en libertad.
El 6 de abril de 2018, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerza facultad de atracción. El 13 de abril de 2018 admitió a trámite la solicitud en el expediente 223/2018.
La historia oficial
En 2010, la SCJN dictaminó que el incendio inició en la bodega contigua a la guardería, donde ocurrió un cortocircuito por el sobrecalentamiento de un motor de cooler, un aparato de refrigeración.
Gabriel Alvarado Serrano, representante legal de los padres que integran el grupo Manos Unidas por Nuestros Niños A.C., solicitó a la SCJN que ejerza nuevamente la facultad de atracción para que revalore que no se trató del delito de homicidio y lesiones culposas, sino que el incendio fue provocado.
Sus representados insisten en que se debe fincar responsabilidad penal también a los ex funcionarios, entre ellos el ex gobernador de Sonora, José Eduardo Robinson Bours; al ex secretario de Hacienda, Ernesto Vargas Gaytán; al ex procurador del Estado, Abel Murrieta Gutiérrez, y al ex Secretario Técnico, Juan Carlos Lam, quien se encuentra en calidad de indiciado.
Nueva lucha legal
Familias afectadas emprendieron una nueva lucha legal, ahora, en contra del IMSS, al descubrir corrupción en la atención que reciben.
Denunciaron a EL UNIVERSAL que este fraude fue cometido a través del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) del Seguro Social, de Hermosillo, donde se otorga atención a las familias de los 49 niños que murieron, a 24 lesionados con quemaduras y en los últimos meses a otros 42 catalogados como expuestos. El 5 de junio de 2010, un año después del siniestro, vía decreto presidencial, se garantizó a los lesionados atención médica vitalicia en instituciones privadas en México y el extranjero, fármacos, ayuda sicológica, beca hasta la universidad y pago de por vida de recibos de electricidad en sus domicilios.
Además, se otorgó el soporte para el traslado de los menores, de sus padres u otros acompañantes a otras entidades del país y a Estados Unidos para su atención, donde se contempla hospedaje, alimentación y servicio telefónico; otros beneficios como derechohabientes también alcanzaron a los familiares.
En este contexto, los afectados a través de Miguel Nava Alvarado, representante legal de las 32 familias de los afectados, acusaron que funcionarios y proveedores del IMSS sobrevalúan la atención médica hasta en 600%, simulan entrega de suministros, descubrieron sobreprecio en costos de boletos de avión, de hoteles y hasta detectaron la falsificación de sus firmas.
Los padres pidieron al IMSS la documentación de los servicios subrogados a hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos; sin embargo, se les niega o se les ha otorgado de manera pausada y tardada. Por ello, solicitaron al instituto y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión a los gastos erogados en los afectados.
Existe un contubernio de esta comisión con el IMSS para menoscabar los derechos de las víctimas, aseveró el abogado, quien informó que se está solicitando la documentación para que los afectados presenten una denuncia ante la PGR.
Investiga la ASF
En el IMSS informaron que este problema fue detectado en el Informe Anual 2017 de la Auditoría Superior de la Federal (ASF), por lo que el Órgano de Control Interno de ese ente está investigando. La postura del IMSS, dijeron, es que se investigue y se sancione a los responsables y mientras se llevan a cabo las indagatorias, como primera medida, hace dos meses fue separada de su cargo la responsable del CAICE. “Nuestra prioridad es y seguirá siendo garantizar que los niños y afectados tengan los servicios médicos”, indicaron.
GR
