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La ejecución del mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, programada para el miércoles 8 de noviembre en Texas, coloca sobre la mesa otra vez el tema de la defensa de los connacionales en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que se ve limitada por las leyes locales y el alcance de los acuerdos jurídicos bilaterales y multilaterales, así como por la escasez de recursos con los que a menudo debe enfrentarse el juicio.
A Ramírez Cárdenas, de 47 años y originario de Irapuato, Guanajuato, el Departamento de Justicia Criminal de Texas le dictó en agosto la fecha en que será ejecutado por inyección letal en el Pabellón de la Muerte del presidio Allan B. Polunsky de Livingstone, a 120 kilómetros de Houston, por el secuestro, violación y homicidio en 1997 de su prima hermana Mayra Azucena Laguna, de 16 años de edad, en Retama Village, al sur de ese estado.
El día del asesinato, Ramírez Cárdenas y su amigo Tony Castillo supuestamente entraron a la habitación de Laguna y la llevaron a un paraje solitario, donde se perpetró el ataque. Más tarde, Castillo denunció a Ramírez Cárdenas y se entregó a las autoridades, que lo condenaron a 25 años de cárcel.
Ramírez Cárdenas aceptó que había consumido alcohol y pastillas, pero argumentó que se quedó dormido y que el autor de los hechos fue su amigo. Sin embargo, las autoridades han descartado varias apelaciones en la Corte Federal del Quinto Circuito de Texas, en las que se asegura que no se respetaron los derechos consulares del connacional, que fue golpeado por policías y obligado a firmar una declaración de culpabilidad.
El 22 de agosto, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, solicitó mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a su homólogo texano, Greg Abbott, que se realizaran análisis genéticos de ADN como prueba para acreditar la inocencia de Ramírez Cárdenas. Su defensa está a cargo de un grupo de abogados en coordinación con el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense; aún hay esperanzas de que se aplace la ejecución, ya que justo el día mencionado el gobernador de Missouri, Eric Greitens, suspendió la pena capital contra Marcellus Williams, al validarse el argumento de que no se encontró su ADN en el cuchillo usado para matar a una reportera local en 1998.
Foto: Rubén Ramírez Cárdenas sería ejecutado el próximo miércoles en el “pabellón de la muerte” de Livingstone, Texas.
Petición de la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró el 10 de octubre su petición a Abbott y a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas para que se conmute la ejecución por cárcel, al recordar que no se opone a la imposición de penas, sino que se pronuncia porque se apeguen al Sistema Internacional de Derechos Humanos.
México, por principio, rechaza el máximo castigo, pero como explica Adolfo Laborde Carranco, profesor de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales del ITAM Campus Santa Fe, la protección se ve dificultada porque incluso en EU, donde existe la mayor red de consulados de cualquier país, “a veces no tienen las capacidades ni los presupuestos”.
Laborde Carranco, quien se desempeñó en la embajada en Tokio, señala que las solicitudes de clemencia a los ejecutivos estatales en Estados Unidos son efectuadas por medio de la SRE en un proceso que involucra la gravedad del delito cometido, que puede conmutarse por cadena perpetua; “entonces sí existe la posibilidad de que se otorgue el perdón, pero esto está sumamente ligado a la jurisdicción” de cada entidad, dice.
Indica en entrevista que usualmente en la Unión Americana el cónsul busca apoyo de las barras de abogados que trabajan de manera gratuita o pro bono y contrata los servicios de abogados defensores porque es muy difícil que un miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM) pueda litigar ahí.
A los consulados, expone, se les dota de presupuesto para que puedan contratar a barras de abogados locales. “Hay una gran cantidad de mexicanos y es poco el presupuesto, porque el tema es que los consulados lo que generan por concepto de pasaportes y servicios lo regresan a México. Depende mucho del presupuesto de la Cancillería, que baja año con año, y la realidad es que no tienen especialistas o abogados del SEM, sino que tienen que contratar a abogados locales”, enfatizó.
Este diario buscó una entrevista sobre el tema con Jacob Prado González, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la SRE, que no se concretó hasta el cierre de esta edición.
Además de Ramírez Cárdenas, hay 55 mexicanos que esperan ser ejecutados en todo EU, según el Death Penalty Information Center de ese país. La SRE señala que hasta el 30 de junio registró a 75 connacionales que enfrentan procesos penales que podrían resultar en esa sentencia, mientras que el último informe del presidente Enrique Peña Nieto indica que entre septiembre de 2016 y el 30 de junio de 2017, mediante el Programa de Asistencia Jurídica a casos de Pena Capital en EU, se atendieron 195 y se logró evitar la sentencia en 29, además de que se revirtió la ejecución de un connacional, es decir, que tenía fecha para el cumplimiento de su condena al haberse agotado los recursos para su defensa. Entre diciembre de 2012 y junio de 2017 se atendieron 543 casos, en los que se evitó la pena capital en 186 y se logró revertir en dos oportunidades.
En cuanto a las acciones de protección y asistencia consular otorgados en los ámbitos de derechos humanos, derecho penal, migratorio, civil, laboral y administrativo, añade que entre septiembre de 2016 y junio de 2017 se atendieron 130 mil 765 casos, de los que 127 mil 163 fueron reportados por la red consular en EU y 3 mil 602 por las representaciones en el resto del mundo.
Más allá de los números, una de las historias más dramáticas es la de los sinaloenses José Regino (39 años), Simón (42) y Luis Alfonso González Villarreal (49), que en 2008 resultaron detenidos en Malasia presuntamente con 29 kilos de metanfetamina, por lo que fueron condenados a muerte en la horca en 2012. Ladrilleros de oficio, sostienen que viajaron al país del sureste asiático para mejorar sus ingresos y que trabajaban limpiando una fábrica en Johor Bahru, donde la policía decomisó antinarcóticos. Extranjeros y pobres, se convirtieron en blanco de uno de los sistemas legales más duros contra las drogas, basado en el derecho consuetudinario inglés, a diferencia del mexicano, con raíz en el derecho civil o romano. Los recursos que presentaron chocaron en 2015 con la ratificación de su sentencia en la Corte Federal de Putrajaya.
Última esperanza en Malasia
Desde entonces, los González Villarreal tienen como última esperanza al Consejo de Clemencia dirigido por el sultán Ibrahim Al-Haj de Johor, uno de los estados de la federación malaya. Las autoridades mantienen firme la sentencia y advierten que la fecha de ejecución les será comunicada 24 horas antes, igual que a otros dos condenados, Lim Hung Wa y Lee Bond Sid.
Un caso distinto es el de Fabricio Torres Cuéllar, potosino que pudo abandonar China apenas en agosto, después de que en 2013 se le notificara en el aeropuerto de Shanghái que existía una restricción migratoria en su contra, lo que inició un laberinto que no lo llevó a la cárcel, subraya, pero sí a una batalla en la que contrató por su cuenta a abogados locales.
Torres Cuéllar arribó a Shanghái para trabajar en un restaurante mexicano propiedad de un connacional y de un socio chino. El negocio marchaba bien y en 2012 asumió la representación legal del establecimiento Molan, que también distribuía tequila y cerveza; al año siguiente renunció y decidió regresar a México, pero se le prohibió debido a que la empresa incumplió el contrato de arrendamiento del edificio en el que operaba y fue demandada, puesto que sus dueños desaparecieron. Todo se complicó al expirar su visa laboral, lo que le impidió trabajar formalmente, rentar una vivienda o realizar transacciones bancarias; sobrevivió gracias al dinero que le envió su familia, cobrado por algún amigo, cuidando perros y limpiando casas.
Al respecto, su abogado Carlos Barba señaló que la defensa de los connacionales está marcada por el ordenamiento ordinario del SEM, “pero no existe un ente legal que la pueda implementar” y los recursos disponibles no incluyen el pago a un organismo jurídico privado en otra nación.
Recomienda la especialización en bases jurídicas internacionales, tanto privadas como públicas, y en las normas locales, puesto que en su caso tuvo que estudiar la ley civil, mercantil y constitucional de China.
