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El punto central para atacar de frente al secuestro y disminuir las cifras de incidencia se encuentra en los estados, son las entidades quienes deben implementar recursos para fortalecer las Unidades Antisecuestro, consideran especialistas.
“Los gobiernos estatales no están al pendiente de este tema, no invierten bien en sus unidades, a pesar de que se les dan los recursos, los desvían a veces para otros rubros y me parece que falta un esfuerzo real y verdadero de parte de los gobiernos estatales”, indican los expertos.
“En las unidades existen elementos que tienen salarios deficientes, hay poco personal y algunas de estas han dejado de ser especializadas porque atienden también otros delitos de alto impacto”, señaló Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro.
A pesar de la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) en enero de 2014, las cifras de denuncias por el delito en los últimos años no han variado, son más de 400 casos, según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La tasa nacional de secuestro en 2016 fue de 0.9% delitos por cada 100 mil habitantes.
Al cierre de diciembre de 2012 fueron contabilizados mil 418 casos de secuestro en México.
Para 2013 la cifra alcanzó mil 683 denuncias; en 2014, año que comenzó a trabajar la Conase, se registraron mil 395 casos y en 2015 la cifra disminuyó a mil 67 denuncias. Sobre las presentadas el año pasado, el SESNSP reportó mil 128 casos, mostrando un ligero incremento respecto al año anterior.
El secretariado ha llevado un registro de víctimas aparte de las cifras de denuncias, porque a veces por carpeta de investigación se registra más de un afectado.
En 2016 las víctimas de secuestro fueron mil 383 y las cinco entidades que encabezan la lista son Estado de México, con 273; Tamaulipas, 237; Veracruz, 142; Guerrero, 107, y Tabasco, 90.
La tasa de incidencia coloca a Tamaulipas como la entidad donde se registró mayor impacto de secuestros, con 4.33 casos por cada 100 mil habitantes.
En el último informe de Alto al Secuestro, el cual se basa en carpetas de investigación, reportes del fuero común, del fuero federal y casos dados a conocer en medios de comunicación, Miranda de Wallace indicó que 36% de este delito es atendido por el gobierno federal, con buenos resultados, estrategia que debería ser imitada por cada estado.
“Hace falta un plan a nivel nacional, no estamos yendo con una solución real a solucionar el problema”, destacó. El problema radica en que las unidades antisecuestro no están siendo evaluadas. De acuerdo con Francisco Rivas, director de la organización Observatorio Nacional Ciudadano, es necesario generar una metodología para evaluar el trabajo de las unidades y corregirlas tomando en cuenta la eficacia que tienen en su trabajo.
Rivas destacó que la impunidad ha sido un factor que no ha dejado que las cifras de incidencia reflejen una baja.
“Tenemos pocas condenas relacionadas con el secuestro, pocas capturas de bandas respecto al número de los que se cometen, tenemos poca incautación de bienes de las bandas.
odavía tenemos muchos estados que lo que hacen más es negociar que prevenir y perseguir el delito”, acusó.
Es este factor el que permite que ese fenómeno sea un delito rentable, coincidieron ambos especialistas.
Negocio redondo. “Los secuestradores obtienen dinero de manera fácil y rápida. Ven que la efectividad no es tan importante, porque saben que no van a recibir ningún castigo”, señaló Miranda de Wallace.
La crisis económica y social va a provocar que la incidencia delictiva aumente, aseguró Francisco Rivas.
“Este 2017 va a ser un año donde vamos a ver aumentar los delitos más violentos, en particular el robo y secuestro, porque son ilícitos relativamente fáciles de cometer y son delitos que le generan recursos a los delincuentes”.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) señaló que en diciembre de 2016, 37.4% de la población dijo que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad empeorará, lo que representa un aumento en el indicador de 10.8% respecto a diciembre de 2015, y más de la tercera parte (34.7%) indicó que seguirá igual de mal.
La percepción de inseguridad en diciembre pasado marcaba que 74.1% de los mexicanos mayores de edad consideraron que vivir en su ciudad es muy inseguro.
