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Aunque en Oaxaca la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es permitida bajo ciertas circunstancias como la violación, las mujeres siguen sin tener acceso a medidas abortivas a las que tienen derecho por ley, por lo que recurren a opciones en la clandestinidad.
Así lo considera Valentina Jaso, representante de la Red Nacional de Católicas por el Derecho a Decidir (RNCDD), quien lamenta que no exista en el sistema de salud pública una asesoría apropiada, ni la debida atención en el proceso. La red estima que por cada ILE realizada legalmente, otras cuatro suceden en la clandestinidad.
“El desempeño del sector salud es ineficiente, no se están realizando interrupciones a través de los métodos menos invasivos en los casos que implican una causal legal como el abuso sexual”, señala. Como ejemplo, Violeta indica que la RNCCD denunció —en febrero de 2017— que el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso negó la interrupción del embarazo a dos víctimas de violación.
Lo anterior, explica, incurre en una violación a la Norma Oficial Mexicana 046, relacionada con la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que establece: “En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley (…) deberán contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia”.
Para la activista es imposible conocer un estimado de cifras de ocurrencia de interrupciones, por la clandestinidad en que ocurren y por el desinterés de legislar el aborto seguro “como un derecho de todas las mujeres”.
“Es un tabú del cual muchas mujeres no quieren hablar; no obstante, poco a poco han surgido grupos que buscan hacer del aborto algo visible, seguro y confiable”, señala.
Ejemplo y antecedente de ello es la organización Fondo de Aborto para la Justicia Social MARÍA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), en la Ciudad de México, que brinda apoyo financiero y emocional a mujeres que no cuentan con recursos suficientes para poder acceder a los servicios de aborto legal disponibles.
