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Guadalajara, Jal.
El servicio forense de Jalisco se convirtió en una Torre de Babel: de todo el país se acerca la gente abuscar a sus desaparecidos, pero la negligencia y lafalta de protocolos en el manejo de cuerpos han hecho que, aquí, lo único que encuentren sea el caos.
El 15 de septiembre, la noticia de los cuerpos no identificados en cajas de tráiler en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se esparció por el país, y decenas de personas, en forma individual o como integrantes de un colectivo de familiares de desaparecidos, se movilizaron a Jalisco.
Todos los que llegan al instituto se enfrentan a una contradicción fundamental: tienen la esperanza de encontrar a sus familiares con vida, pero también deben buscar entre los muertos.
La espiral de errores que permitieron que un tráiler con 273 cuerpos de personas no identificadas saliera a rodar por las calles de Guadalajaracomenzó mucho antes, pero el tamaño del problema se haría evidente cuando más de 300 personas de todo el país se manifestaron frente a las instalaciones del IJCF para exigir ver e identificar los cadáveres.
Desde entonces, la institución está en una “contingencia” de la que no ha logrado salir, reconoce su director, Carlos Daniel Barba Rodríguez, quien llegó al cargo el 18 de septiembre, después de que el gobernador Aristóteles Sandoval sacrificó al anterior responsable del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal.
En una pequeña oficina, hasta la que se cuela el olor de los cuerpos descompuestos, considera que las causas de la contingencia son multifactoriales: “El aumento de cadáveres puede ser por el aumento de la violencia, también por la falta de coordinación entre las áreas encargadas de brindar atención a las víctimas secundarias, que son los familiares de los desaparecidos, por eso estamos procurando que en un solo lugar se encuentren personas de las distintas áreas”, señala.
“Pasamos de atender 10 personas al día a atender 200 o 300 y no teníamos esa capacidad”, dice el funcionario notoriamente cansado, asegura no haber dormido más de 180 minutos en las últimas 48 horas.
—¿Qué han modificado para poder atender a las personas que están llegando a buscar a sus familiares?
—En lugar de tener dos personas encargadas de las bases de datos de personas desparecidas, ahora tenemos ocho módulos; se comentó que quienes estaban atendiendo no tenían la experiencia para dar este acompañamiento y se corrigió eso, se incluyen las distintas áreas de las comisiones estatal y nacional de víctimas y de Derechos Humanos, estamos mejor coordinados.
La realidad rebasó a la institución
El IJCF se fundó el 8 de junio de 1998, como parte de una reforma al sistema de procuración y administración de justicia propuesta por el primer gobernador panista de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez; con un presupuesto de 27 millones 800 mil pesos, la idea era dotar de autonomía a esta institución, desprenderla de la entonces Procuraduría del estado y lograr que las pruebas periciales tuvieran más credibilidad y crédito.
Se enfatizó que la institución prácticamente no tendría contacto con la ciudadanía, pues su principal función sería proveer de pruebas científicas a las instancias de procuración e impartición de justicia.
Dos décadas después, cientos de personas se aglutinan a las afueras de la institución en busca de sus familiares y exhiben a una institución que no estaba preparada para afrontar la realidad de un estado violento.
En opinión del director fundador del IJCF, Macedonio Tamez Guajardo, la crisis del instituto comenzó hace lustros y sólo es una imagen de un cuadro más espantoso.
Considera que la actual “contingencia” por la que atravieza la institución es consecuencia de la corrupción, el desinterés que germinaron algunos años después de su creación, pues prácticamente “se volvió una agencia de colocaciones para algunos políticos en turno”.
“Tanto yo, que estuve más de dos años, como el segundo director, Jorge López Vergara, mantuvimos a la institución cumpliendo su fin natural, que era investigar los delitos desde el punto de vista científico, reduciendo lo administrativo a lo mínimo, después llegaron otros directores que empezaron a dar chamba a amigos a compromisos políticos, de tal manera que ahora hay 300 peritos y 200 administrativos, lo que va en perjuicio de la resolución de los casos”, asegura.
El desinterés
Bajo una pérgola a las afueras del IJCF la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas colocó una mesa de atención para apoyar con información y asistencia legal a quienes buscan a sus familiares desaparecidos y la gente no para de exponer sus casos.
Sin dar su nombre y pidiendo no grabar la conversación, uno de los integrantes de la misión suelta un rosario de malas prácticas que denotan la desorganización en el lugar.
Para empezar, los atiende gente sin experiencia y aunque tienen buen trato no resuelven —dice—, hay expedientes que no encuentran o están perdidos y no concentran la información de todo el estado, así que si viene alguien a buscar a una persona que falleció en otra región, aquí sólo le dirán que vaya a buscar a otro lugar.
El defenestrado Cotero Bernal sostiene que desde su llegada al IJCF, en 2015, advirtió de la crisis por la falta de recurso, pero ni el Poder Ejecutivo ni los diputados locales accedieron a destinar el presupuesto necesario.
Los datos señalan que durante los primeros cuatro años de la presente administración estatal el presupuesto del forense no aumentó un centavo y se mantuvo en 151 millones de pesos; para 2017 se le otorgó un incremento para llegar a los 191 millones de pesos, pero en 2018 sufrió un recorte y sólo recibió 178.8 millones de pesos.
Cremaciones irregulares
Desde 1997, el instituto comenzó a cremar los cadáveres de personas no identificados porque se consideró que era más digno que mandarlos a fosas comunes; hasta el 11 de junio de 2015, 2 mil 754 cadáveres fueron incinerados y su identidad —supuestamente— quedó debidamente registrada en documentos con fichas odontológicas, dactiloscópicas y pruebas de ADN, entre otras.
Sin embargo, ante la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, en enero de 2013, donde se prohíbe la cremación de los cuerpos de personas no identificadas, se planteó la creación de un panteón forense con suficiente capacidad, pero éste no se ha concretado.
Datos de transparencia indican que entre 2013 y 2015, el IJCF incineró los cuerpos de 495 personas, aunque estaba prohibido.
¿Y los responsables?
Tras su salida, Cotero Bernal señala a otras dependencias para compartir la responsabilidad de lo que ha sucedido: a la fiscalía del estado por ser la responsable, legalmente, de la custodia de los cuerpos de personas no identificadas y a la Secretaría General de Gobierno por estar enterada de la crisis de la institución y ser negligente. Raúl Sánchez Jiménez perdió su puesto como fiscal, pero Roberto López Lara sigue en el gabinete y argumentó, al igual que el gobernador, no tener conocimiento de lo que ocurría en el instituto, a pesar de ocupar un asiento en su Consejo de Gobierno.
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