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Ayer el pueblo de Ahuihuiyuco, en Chilapa, amaneció vacío. Ninguno de sus pobladores esperó que se cumpliera la amenaza que lanzó un grupo de hombres armados: a quienes no se vayan los asesinaremos.
Ahuihuiyuco es una población que comenzó a desocuparse poco a poco desde 2015. Un grupo delictivo empezó una cacería en contra de la familia del ex director de la policía municipal, Silvestre Carreto González, a quien se le vinculó con Los Rojos. Desde finales de ese año han sido asesinados siete de sus parientes, cuatro están desaparecidos y muchos más desplazados.
Este éxodo se extendió a otras dos comunidades: Tepozcuautla y Tetitlán de la Lima.
A estas comunidades llegó ayer el vocero del colectivo de familiares de los desaparecidos, Siempre Vivos, José Díaz Navarro, y el director de Centro de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
En la comunidad de Ahuihuiyuco no encontraron casi nada. Díaz Navarro explicó que sólo vieron a una familia que recogía su cosecha de maíz para después salir del pueblo.
De acuerdo con Díaz Navarro y el Centro Morelos, lo que predominó en estos tres pueblos fue el abandono: los centros de salud, las escuelas y la mayoría de las casas estaban cerradas; en las tres sólo se mantenían abiertas las iglesias.
El pasado martes, según distintas versiones, hombres armados llegaron a estos pueblos y les dieron un ultimátum a los pobladores: si el viernes no se van, los matamos. La mayoría ya dejó sus pueblos.
En casi todas las casas —cuentan personas del Centro Morelos—, todo está en abandono, los animales, los enseres domésticos y los aperos de labranza están olvidados.
El Centro Morelos documentó que en la comunidad de Tepozcuautla, de las 253 viviendas, sólo 20 continúan ocupadas. En Ahuihuiyuco, de mil 320 habitantes en 361 viviendas, casi todas las familias han abandonado la comunidad, y las pocas que quedan piden seguridad. En Tetitlán de las Limas es donde más gente se ve por las calles y el éxodo es menor.
Presecución. La persecución contra la familia del ex director de la Policía municipal, Silvestre Carreto González comenzó en noviembre de 2014: El día tres fue ejecutado a tiros su hijo Alejo en la comunidad de Ahuihuiyuco. Seis días después, en la comunidad de Tetitlán de Las Limas fueron ejecutadas seis personas, cinco eran de la misma familia.
En mayo de 2015, durante la irrupción de unos 300 civiles armados a la cabecera municipal de Chilapa, desaparecieron tres de sus sobrinos y uno de sus hermanos.
A sus sobrinos, Víctor, Juan y Manuel Carreto Cuevas, los buscó su padre, Bernardo Carreto González.
Bernardo recibió amenazas vía telefónica donde le decían que le entregaban a sus tres hijos a cambio de que hiciera lo mismo con uno de los pobladores de Ahuihuiyuco; las personas que le llamaban nunca le pudieron dar alguna prueba de que sus hijos estaban con vida.
El 23 de diciembre de ese mismo año Bernardo fue asesinado antes de llegar a su vivienda.
La esposa de Bernardo, Rosa Cuevas decidió irse de su pueblo, Ahuihuiyuco y, nisiquiera pudo sepultar el cuerpo de su conyuge.
Desde enero de 2016 Rosa dejó de buscar a sus tres hijos.
Matan a seis, tres eran niños. Un grupo armado atacó a una familia de la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, en Acapulco, y asesinó a seis personas, entre ellas tres menores de edad.
De acuerdo a la fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública, alrededor al medio día, un comando llegó a la calle La Ceiba y rafagueó una vivienda. En el ataque asesinaron a seis personas, entre las que había un niño de ocho años, otro de uno y un bebé de cuatro meses.
El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, adjudicó el múltiple crimen a un integrante de la delincuencia organizada, a quien —dijo— ya tiene identificado.
