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El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, enfrenta un juicio político ante el Congreso local, por presunto desvío de recursos de al menos 2 mil 700 millones de pesos y manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.
Ayer la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el diputado panista Javier Mercado, inició el procedimiento para enjuiciar al ex mandatario, dos ex integrantes de su gabinete y cuatro miembros del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado de Nayarit.
Tras analizar dos denuncias en las que Sandoval Castañeda es señalado como presunto responsable de varios delitos, la comisión decidió aprobar el acuerdo para que una comisión instructora inicie el proceso.
Durante la exposición de motivos, Javier Mercado, señaló que el juicio político no es para quitar el mal llamado fuero, sino para sancionar administrativamente con la destitución o inhabilitación del cargo.
Dijo que en la Legislatura pasada, cuando también fue diputado, presentó con la ex legisladora Sofía Bautista una iniciativa para quitar el fuero a los servidores públicos y ésta fue aprobada, por lo que en Nayarit ya no hay fuero.
“Cualquier ciudadano puede denunciar o puede demandar juicio político a aquellos ex servidores públicos que hayan culminado su mandato hasta un año posterior; si pasó el año y quieren demandar juicio político ya no es procedente”, dijo.
Los ex funcionarios del gabinete de Roberto Sandoval Castañeda contra los que también se aprobaron juicios políticos son Mario Alberto Pacheco Ventura y Luis Antonio Apaseo Gordillo, ex titulares de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Contraloría General de Gobierno, respectivamente.
A estos ex funcionarios se les acusa de ser presuntos responsables de desviación y manejo indebido de recursos públicos.
Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit señalados por la Comisión son Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, quienes son señalados como presuntos responsables por el ataque a las instituciones democráticas, la usurpación de atribuciones, omisiones de carácter grave y violaciones sistemáticas o graves de planes, programas y presupuestos de la administración estatal.
Mercado explicó que el Congreso del estado tiene un año a partir de hoy para sancionar, declarar improcedente o no sancionar a los servidores públicos acusados.
Una vez iniciado el procedimiento se turna el caso a una comisión instructora, integrada por cuatro diputados de diferentes grupos parlamentarios, quienes someterán su decisión al pleno del Congreso, para avalar o no el dictamen.
