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Un juez federal en estado de Tamulipas ordenó la liberación de cuatro implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a quienes se les ha identificado como integrantes de los Guerreros Unidos, por falta de elementos probatorios en su contra.
La liberación se dictó bajo las reservas de ley, sin embargo, sólo uno de los cuatro beneficiados podrá salir de prisión puesto que el resto aún tiene procesos penales pendientes.
Los imputados son Marco Antonio Ríos “El Cuaji”, Martín Alejandro Macedo Barrera “El Zorro”, Luis Alberto José Gaspar “El Chongo” y Honorio Anzúrez “El Papachín”.
Los cuatro estaban acusados por secuestro y delincuencia organizada y el único que saldrá libre será "El Chongo", debido a que ya no tiene ninguna causa penal en su contra.
El auto de libertad a favor de los cuatro implicados fue dictado en la causa penal 100/2014 y se trata de los primeros detenidos por la Fiscalía de Guerrero luego de la desaparición de los normalistas.
En su resolución el Juez primero de Distrito en procesos penales de Matamoros, Tamaulipasconsideró invalidar las imputaciones de los implicados; sin embargo existen indicios de tortura, aunque el fundamento para ordenar su liberación respondió a la falta de elementos probatorios ofrecidos por el Ministerio Público local y Federal se que quedaron el caso.
La resolución del Juez no responde a la sentencia dictada por el primer tribunal colegiado de Tamaulipas en el que se ordenó la creación de una comisión de la verdad. Esto, debido a que se trata de una causa penal distinta y a que los cuatro imputados no son quejosos en el amparo en revisión resulto por el colegiado.
Marco Antonio Ríos es identificado como el imputado que señaló el lugar donde fueron colocados los cuerpos sin vida de 28 personas; pero en la investigación se descartó que se tratara de los normalistas. En su declaración indicó que fue contratado como halcón mediante una paga de 7 mil pesos mensuales por parte de “El Chocky”, personaje ligado a la delincuencia organizada.
También declaró que fue el encargado de comprar el diésel supuestamente utilizado para incinerar los cuerpos de los normalistas en el basurero de Cocula, Guerrero.
