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El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) saludó la entrada en vigor hoy martes de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en México, la cual consideraron podría dar vuelta a la página en relación con la situación que el país enfrenta en esta materia, además de iniciar un camino hacia la verdad, la justicia y la reparación para las miles de víctimas.
En Ginebra, Suiza, el grupo de expertos compuesto por Bernard Duhaime, de Canadá, quien funge como presidente-relator; Tae–Ung Baik, de República de Corea, quien ocupa el puesto de vicepresidente; así como Houria Es-Slami, de Marruecos; Luciano Hazan de Argentina, y Henrikas Mickevicius, de Lituania, resaltaron la necesidad de poner todos los esfuerzos y recursos en la implementación efectiva de esta ley, de manera que tenga un impacto en la realidad, especialmente en las necesidades de las víctimas.
Los expertos en desapariciones forzadas destacaron la apertura de las autoridades para garantizar la participación de las familias, así como otras organizaciones de la sociedad civil, en el proceso legislativo y reconoció al Estado mexicano el haber atendido, con la adopción de esta ley, la recomendación que se le formuló luego de su visita al país en el año 2011 y reiteraron su ofrecimiento de seguir colaborando con el gobierno mexicano en la prevención y erradicación de la desaparición forzada de personas.
“Es especialmente trascendental que se garantice una búsqueda eficaz e inmediata de las miles de personas desaparecidas, principal reclamo de las familias que anhelan saber el destino o paradero de sus seres queridos”, comentaron.
Los integrantes del grupo afirmaron que el proceso de selección de los funcionarios encargados de implementar la ley debe garantizar la idoneidad de los perfiles, ser transparente, e incluir la participación de los colectivos de víctimas y especialistas de la sociedad civil.
Los expertos se mostraron esperanzados que con esta nueva legislación y con la creación de fiscalías especializadas, se dé lugar al desarrollo de estrategias eficaces y no fragmentadas de investigación para llevar a la justicia a los responsables y terminar con la impunidad prevaleciente en relación con la desaparición de personas en el país.
“Es imprescindible que las fiscalías lleven adelante investigaciones exhaustivas y diligentes y que cuenten con recursos y apoyo político para ello. De otra manera, si no se avanza en la lucha contra la impunidad, será imposible detener este flagelo”, agregaron.
Los expertos señalaron el rol trascendental que la nueva ley otorga a los gobiernos locales, sin dejar de destacar el rol de liderazgo y coordinación “que deben asumir las autoridades federales en cumplimiento de las obligaciones internacionales que derivan de las normas para la protección de los derechos humanos”.
El grupo de trabajo manifestó a otros países que enfrentan desafíos similares en materia de desaparición de personas a retomar el proceso participativo de adopción de la Ley General en México y sus contenidos.
