Ante el recrudecimiento de la violencia y la censura en contra de quienes ejercen el Periodismo en México, la Red Nacional de Periodistas se pronunció en contra de la impunidad de este tipo de crímenes y condenó la invisibilización de la violencia que, en específico, enfrenta las mujeres periodistas en el país, por razones de género.
“Demandamos a los diferentes órdenes de gobierno y poderes de la Unión respeto a la libertad de expresión y de prensa de las mujeres periodistas”, se dijo, al exigir el freno a la violencia contra las periodistas, la presentación inmediata y con vida de las comunicadoras desaparecidas y justicia para quienes fueron asesinadas.
Luego de dos días de reunión celebrada en Oaxaca, a propósito del séptimo encuentro de la Red, nacida hace 22 años, periodistas de 19 entidades de la República, entre ellas, de Quintana Roo, analizaron el contexto de agresiones que enfrentan quienes ejercen el Periodismo no sólo en la Ciudad de México, sino en los estados.
“Hemos documentado 430 casos de agresiones contra mujeres periodistas durante el sexenio pasado de Felipe Calderón Hinojosa y lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto.
“En este mismo lapso somos testigas de 19 feminicidios en contra de mujeres periodistas y tenemos dos compañeras desaparecidas”, concluyeron, como parte de la postura adoptada durante el encuentro, en el que se indicó que el 56 por ciento de las agresiones cometidas contra mujeres periodistas, provienen de los tres órdenes de gobierno.
Este tipo de agresiones se caracteriza por las amenazas a ellas o a sus familiares, el acoso, abuso y hostigamiento sexual; la difamación y calumnia con cargas sexistas; así como un impacto en su vida profesional y personal.
Las periodistas ahí reunidas consideraron que las acciones aplicadas por el Estado mexicano, en sus diferentes niveles y poderes, para frenar la violencia que sufren las y los comunicadores, “han sido una simulación, son ineficaces, indolentes, omisas e insuficientes para garantizar nuestro derecho humano a la libertad de expresión, a la información, a la comunicación y a una vida libre de violencias”.
Por lo anterior se pronunciaron en contra de las leyes estatales y los mecanismos que de ellas emanan, que simulan la protección de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, como en el caso de la llamada “Ley Borge” en Quintana Roo o los mandatos que aplican en Morelos e Hidalgo.
“Rechazamos las leyes que simulan la protección para periodistas y mecanismos (como la llamada ley Borge en Quintana Roo, caso Hidalgo y de Morelos) que no garantizan la seguridad de las periodistas, ni protegen la libertad de expresión.
“En aquellos casos en que la instancia de protección estatal funciona y cuenta con el reconocimiento de periodistas, que se fortalezca y mantenga su carácter independiente”, expresaron, con relación a los mecanismos de Guanajuato y Veracruz que funcionan adecuadamente.
Además de denunciar las condiciones laborales precarias, jornadas de trabajo masculinas, ausencia de derechos laborales, brechas salariales de género y las violencias al interior de las redacciones que vulneran nuestro pleno ejercicio periodístico, reprocharon la ausencia de las mujeres en las noticias.
De acuerdo con el Observatorio Mundial de Medios, solo 24 por ciento de los contenidos mediáticos contemplan a las mujeres como fuentes de información y cuando son representadas lo son desde el sexismo, la discriminación y la revictimización.
En conjunto, exigieron el cumplimiento de los acuerdos internacionales que defienden la libertad de expresión y en específico a la recomendación 25 de la CEDAW para protección de mujeres periodistas; y el seguimiento y esclarecimiento de los hechos violentos contra mujeres periodistas.