El ex alcalde de La Paz, Francisco Monroy Sánchez (PRI) salió del Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz, luego de pagar una fianza que ascendería a los 4.3 millones de pesos.

Según confirmaron a EL UNIVERSAL amigos cercanos a la familia de Monroy Sánchez, el ex edil abandonó el penal donde se encontraba recluido desde el martes acusado del presunto delito de “uso excesivo de funciones”, pues habría facturado servicios y refacciones en uno de sus negocios, utilizando un prestanombres.

El ex presidente municipal seguirá su proceso en libertad. Los hechos se desprenden de una averiguación previa iniciada en la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), LPZ/088/SP/2016, luego de una denuncia presentada por el Ayuntamiento de La Paz, en 2016.

De acuerdo con la PGJE, integraron material probatorio y se desprende que “en el negocio particular del entonces presidente municipal, Francisco Javier Monroy Sánchez, se llevaban a cabo los servicios de venta y reparación de llantas y refacciones que facturaba la C. Silvia Aguilar Baltazar al XIV Ayuntamiento de La Paz, B.C.S.”

Según la información de la  dependencia, esta mujer era amiga y había sido empleada del ex edil, y facturaba a su nombre los trabajos que se realizaban en el Taller mecánico del presidente municipal. En suma, el ex edil habría erogado 8 millones 238 mil 610.88 pesos en dinero y en especie, incluso con un terreno, para responder a las facturas de Aguilar Baltazar, pero de fondo, advierten que se estaría beneficiando en su negocio.

La dependencia habría comprobado que estas operaciones se realizaron durante nueves meses.

El ex alcalde tomó protesta en el mes de marzo, en sustitución de la entonces alcaldesa Esthela Ponce Beltrán, hoy diputada federal, que dejó el cargo para participar por una diputación federal plurinominal. Concluyó su gestión en septiembre de 2017.

En breves declaraciones, Andrés Liceaga, secretario general del Comité Estatal del PRI dijo a este medio que esperan que sobre este caso  “las investigaciones transcurran apegadas a derecho en todo momento”, dijo.

Por el momento –agregó- “el Comité estatal esperará que avance el proceso judicial y se pueda esclarecer”. Afirmó que están pendiente del curso de la investigación y son respetuosos de las instituciones.

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