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La estela del desorden administrativo que dejó Javier Duarte en Veracruz sigue acumulando denuncias y montos por presuntos desvíos al erario. El ex gobernador suma a la fecha 145 denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano de Fiscalización Superior y la Contraloría General del estado que encabeza el panista Miguel Ángel Yunes.
Todas las áreas de gobierno están inmiscuidas en las irregularidades administrativas que se detectaron en auditorías federales y estatales, desde salud, educación, agricultura y seguridad, hasta servicios aéreos.
La auditoría fue la primera en alertar sobre el grave problema financiero y de corrupción, por lo que en cuatro años presentó 49 denuncias; en cambio, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz comenzó a acudir al Ministerio Público hasta que el PAN ganó la gubernatura en julio de 2016, y suma 14 querellas.
El gobierno de Yunes Linares suma 82 denuncias contra ex funcionarios de la administración duartista. Las querellas involucran a 59 servidores de primer nivel y otros 550 que ocuparon cargos desde subdirecciones hasta jefaturas de departamento.
Veracruz es una de las entidades del país con el mayor porcentaje de observaciones al uso de los recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2015, según los resultados de las revisiones practicadas por la auditoría.
Veracruz recibió observaciones por 15.5% de los recursos que le fueron asignados en los principales fondos y programas federales. De manera paralela ocupa los primeros lugares nacionales en el número y montos de solventaciones (aclaraciones) de observaciones realizadas en las cuentas públicas de 2011 a 2014, y acumula los mayores montos por denuncias de hechos y simulaciones de reintegros.
Desde 2011, las auditorías federales detectaron irregularidades en el manejo de los recursos públicos, pero fue en 2015 cuando hizo crisis en las auditorías practicadas.
En ese ejercicio fiscal, la administración de Duarte de Ochoa desvió 52 millones de pesos al día de recursos estatales, puesto que el monto total detectado por auditores llegó a los 19 mil 800 millones de pesos.
En la cuenta pública, en cinco dependencias, 16 organismos públicos descentralizados y seis fideicomisos se detectaron anomalías en el manejo de recursos, que hicieron presumir la existencia de un probable daño patrimonial por 14 mil 83 millones de pesos.
Se determinaron observaciones en la Cuenta Pública Consolidada del gobierno del estado que hacen presumir la existencia de un probable daño patrimonial equivalentes a un monto de 9 mil 231 millones de pesos. De manera paralela, en cinco dependencias, 16 organismos públicos descentralizados y seis fideicomisos se detectaron observaciones que hacen presumir la existencia de un probable daño patrimonial por 4 mil 849 millones de pesos.
Uno de los casos emblemáticos de presuntos desvíos de recursos fue en el Instituto de Pensiones del estado, donde se detectaron irregularidades por un presunto daño patrimonial de dos mil 993 millones de pesos.
