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Al menos 70% de la madera que se consume en el país tiene origen ilegal, y se beneficia de un contexto de amplia impunidad. “Los decomisos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente(Profepa) alcanzan apenas 30 mil metros cúbicos de madera, frente a los 14 millones de metros cúbicos que se extraen ilegalmente”, denunció Leticia Merino Pérez, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
En sesión del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), dedicada a los bosques en crisis, expuso la necesidad de conservar estos ecosistemas, que están en franco deterioro: 60% del territorio nacional es forestal, pero México no tiene una política ambiental eficiente para cuidar, explotar, regular y mantener éste y otros recursos naturales (agua, suelo y biodiversidad, entre otros) de forma sustentable.
Además, más del 60% del área forestal es propiedad social, de ejidatarios y comuneros. “Representa el sustento de decenas de miles de familias campesinas y alberga una alta diversidad biológica”. Presta servicios ambientales como la captura, provisión y calidad del agua, protección de suelos y hábitat de miles de especies vegetales y animales, afirmó.
A nivel social, detalló la antropóloga, las comunidades rurales dueñas de territorios forestales juegan un papel central en la conservación de bosques y selvas. “Su labor es relevante en el control de incendios y plagas, el cambio de uso de suelo y la tala ilegal”. Gracias a la conciencia que tienen, son ellas mismas quienes custodian el bosque.
La experta aseveró que alrededor de dos millones de hectáreas de bosques, que representan el 25% de las áreas formalmente bajo aprovechamiento, se dedican a la protección de los recursos naturales, además de zonas que las comunidades definen como áreas de conservación.
Existe un enorme potencial. Se debe involucrar a las comunidades rurales que viven en esos entornos, por ser quienes conservan el 25% de las denominadas áreas bajo aprovechamiento, remarcó.
Aprovechamientos ilegales
Merino Pérez alertó que “el clandestinaje forestal tiene fuertes implicaciones sociales, ambientales e institucionales”. La producción y comercio ilegales se ven favorecidos por una regulación pesada y costosa, pero también por su aplicación discrecional, por la corrupción y la falta de supervisión en los canales comerciales.
Respecto al tema de las áreas naturales protegidas (ANP), opinó que se debe avanzar hacia una cogestión y permitir esquemas de producción que sean compatibles con la biodiversidad en las áreas de amortiguamiento, “para que la gente local recupere los derechos de control y de decisión, y los comparta con las reservas protegidas de manera más significativa”.
Espacio de reflexión y debate
El SUSMAI es un espacio de reflexión y análisis académico, en donde dialogan expertos, representantes de comunidades locales y líderes de organizaciones no gubernamentales, todos ligados a asuntos ambientales. Está adscrito al Instituto de Investigaciones Sociales.
Actualmente, preparan un diagnóstico sobre la problemática del país, que será llevado ante quien gane las elecciones para encabezar el próximo gobierno federal.
