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Al reanudarse la audiencia en el Quinto Tribunal de sentencia penal de Guatemala sobre el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se reservó su derecho a allanarse a la extradición hasta que llegue la solicitud formal del gobierno mexicano a Guatemala.
El ex gobernador de Veracruz quiere que su defensoría analice la solicitud formal y las pruebas que ofrecerá el gobierno mexicano para solicitar su extradición.
Ante los jueces, Duarte dijo que por el momento "no puedo allanarme", sin embargo explicó que "esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que será evaluada por la defensoría a cargo de este caso, lo cual ahorita me reservo ese derecho hasta que llegue la solicitud formal del gobierno mexicano".
AUDIENCIA MEDIÁTICA
Previo al receso, el ex gobernador de Veracruz rechazó la asistencia de la embajada mexicana durante la audiencia que se lleva a cabo en el Quinto Tribunal de sentencia penal en Guatemala, en la cual se decretó un receso.
El otrora funcionario aseguró que llevaba seis meses en aquel país.
Duarte llegó al tribunal resguardado por un convoy policiaco, que lo trasladó de la pirisón de Matamoros, hacia su audiencia, en donde decenas de reporteros, camarógrafos y fotográfos lo esperaban.
El Tribunal Quinto Penal está integrado por Adán García, Bélgica Derás y Sonia Villatoro.
La Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del MP inició con la imputación de 53 hechos al ex gobernador, establecidos en la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por el Gobierno de México.
La solicitud es por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Duarte, presuntamente, realizó un complejo esquema de operación para introducir recursos al sistema financiero mexicano y otorgarles apariencia de licitud, fingiendo que los mismos fueron obtenidos como producto de la venta, de terrenos pertenecientes al núcleo ejidal de “Lerma” en el Municipio de Campeche, destaca en MP.
Además le sindica de adquirir a través de prestanombres diversos inmuebles con recursos que provenían del erario del Gobierno del Estado de Veracruz.
