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Tras anunciar la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, el presidente Enrique Peña Nietoadvirtió que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que decida si la norma se apega a la Constitución para entonces llevarla a su implementación.
“De acuerdo con nuestro marco jurídico, la Corte sólo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ha sido promulgada, por tanto doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia sobre esta ley.
“Soy consciente de que este ordenamiento es especialmente sensible para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, indicó el mandatario.
Ayer, al encabezar en Palacio Nacional la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), enfatizó que de esta manera la Suprema Corte “será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”.
Destacó que la Federación no dejará de auxiliar a los estados que necesitan el respaldo de las Fuerzas Armadas y que esta ley permite tomar conciencia sobre la urgencia de que las autoridades locales fortalezcan su capacidad para proteger a la población ante el crimen.
El Presidente indicó que esta misma ley recuerda la necesidad de tomar una definición sobre si seguir con más de mil 800 policías municipales o construir, como lo propuso al Congreso hace más de tres años, 32 policías estatales profesionales, confiables y eficaces.
Aseveró que los retos que enfrenta el país en esta materia “son muy grandes y no nos permiten detenernos, no nos permiten equivocarnos y no nos permiten fallar”. Llamó a los gobernadores a seguir fortaleciendo las capacidades institucionales en el combate a la delincuencia.
El presidente Peña asentó que México necesita policías locales bien capacitadas y equipadas, sólidas y eficaces, que garanticen la seguridad de la población. Afirmó que sólo trabajando juntos con compromiso, perseverancia y visión de largo plazo “alcanzaremos el México en paz que todos anhelamos”.
Acompañado por el gabinete de seguridad nacional, el mandatario enfatizó ante los gobernadores, legisladores y representantes de la sociedad civil, que uno de los retos legislativos había sido regular la intervención de los efectivos militares y navales en la lucha contra las organizaciones delictivas.
Recordó que en su momento la SCJN determinó que el Ejército, Marina Armada y Fuerza Aérea pueden actuar en tareas de seguridad pública en auxilio a la sociedad y en tareas de seguridad interior bajo el mando del Presidente de la República.
Destacó que la atribución de intervenir en seguridad interior está prevista en la fracción sexta del artículo 89 constitucional desde 1917. No obstante, comentó que hasta hoy esa atribución ha tenido que ser ejercida sin el respaldo de una ley reglamentaria.
“La ausencia de una legislación secundaria se ha traducido en incertidumbre, tanto para los miembros de las Fuerzas Armadas que participan en tareas de seguridad, como para los propios ciudadanos”, estimó.
Esgrimió que con el fin de superar este vacío legal el Congreso le remitió el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior y afirmó que el espíritu de esta norma da certeza a la actuación militar en la preservación de la seguridad interior y establece límites a su uso discrecional.
Las críticas. Peña Nieto enfatizó que la ley deja claro que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades y las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales.
Aceptó: “Durante la discusión y aprobación de la ley, por parte del Congreso de la Unión, distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos han expresado que a su criterio el contenido de la ley es inconstitucional.
“Como sabemos, corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.
Por otra parte, el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruyó a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a la Procuraduría General de la República (PGR), al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las autoridades estatales y municipales a elaborar el Protocolo Nacional de uso Legítimo de la Fuerza.
Durante la sesión que desarrolló ayer el Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, presentó la propuesta que fue aprobada por el pleno.
“Hoy más que nunca se exige que las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno actúen en estricto apego al marco normativo, y específicamente con respecto a los derechos humanos”, comentó el mandatario poblano.
Hizo notar que la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal y la Policía Federal han aprobado protocolos que limitan y regulan el uso de la fuerza pública por parte de sus integrantes.
“Estimamos que es necesario contar con un protocolo nacional, toda vez que el uso de la fuerza se rige por principios internacionalmente aceptados, tales como la legalidad, racionalidad, gradualidad, oportunidad y necesidad”, puntualizó.
Esto, dijo, permitirá generar procesos de capacitación homologados.
Posteriormente, al presidir en el Patio de Honor de Palacio Nacional la III Sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el presidente Enrique Peña Nieto destacó la labor del gobierno de la República en favor de este grupo de la población y llamó a avanzar con determinación en su protección para asegurarles un mejor futuro.
