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Un total de 27 millones de personas que viven en 1.385 de los 2.456 municipios de México tienen "alta vulnerabilidad y alto riesgo de sufrir un desastre vinculado a eventos climáticos", informó hoy Oxfam México en un comunicado.
"Quienes tienen ingresos muy bajos y sufren de exclusión o discriminación por razones de género, etnicidad, color de piel, capacidad física o edad; también suelen tener acceso limitado a recursos, influencia, información y toma de decisiones para enfrentar el riesgo de desastre", destacó la coordinadora del programa de Acción Humanitaria de Oxfam México, Alejandra d'Hyver.
Por ejemplo, en el sureño estado de Chiapas, que tiene el 76,2 % de su población viviendo en situación de pobreza, en 2014 tuvo pérdidas ocasionadas por desastres equivalentes a 2.011 millones de pesos (107,8 millones de dólares), de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres.
Por otro lado, la Ciudad de México, con el 28,4 % de su población viviendo en situación de pobreza, reportó pérdidas por 71,3 millones de pesos (3,82 millones de dólares) en el mismo año.
"Llamamos al Gobierno mexicano a trabajar en conjunto con las personas que están en mayor riesgo, para definir e implementar estrategias y planes de acción de reducción de riesgo con un enfoque de derechos que enfrente las desigualdades estructurales", reclamó d'Hyver.
Oxfam México participará en la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 2017, del 22 al 26 de mayo en Cancún, Quintana Roo, con el objetivo de visibilizar la estrecha relación que existe entre las condiciones de desigualdad y las afectaciones por desastres.
La Plataforma revisará el progreso en la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, cuyo objetivo es la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales.
Para lograrlo, Oxfam México considera necesario que las políticas y programas consideren a las desigualdades, incluyendo la de género, entre las causas directamente relacionadas con el riesgo de desastre.
La organización instó a asegurar la participación de comunidades, los tres niveles de Gobierno, academia, sector privado y organizaciones de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas y estrategias de reducción del riesgo de desastres, desde un enfoque de derechos y respeto a usos y costumbres.
También reclamó incrementar la inversión destinada a la prevención de desastres, específicamente aumentar el presupuesto del Fondo para la Prevención de Desastres, y asegurar un uso transparente y la rendición de cuentas de los recursos destinados a la prevención
