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Legisladores de la 63 Legislatura de las tres principales bancadas, PRI, PAN y PRD, así como quienes avalaron la miscelánea penal el año pasado coincidieron en que el nuevo sistema de justicia es una buena ley y negaron que la norma sea la culpable de la liberación de cientos de reos, como lo acusan algunos gobernadores y como alertó en su momento Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, sobre la posibilidad latente de que pudieran salir libres 4 mil presuntos delincuentes.
En cambio, responsabilizaron a los gobiernos locales y a los poderes judiciales, tanto a nivel federal como local, de no estar aplicando bien el nuevo modelo. Aseguraron que hace falta mucha más capacitación en los policías, ministerios públicos y también mejorar los criterios de los jueces y magistrados para evitar las liberaciones anticipadas.
Se dijeron receptivos a las críticas que se han vertido sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal e informaron que hay un grupo de trabajo de todas las fuerzas políticas, junto con representantes de gobiernos locales, así como del Poder Judicial, para modificar esta norma.
Los diputados consultados informaron que, de entrada, a partir de septiembre, cuando inicie el periodo ordinario, se buscará crear un nuevo catálogo de delitos graves para que, por ejemplo, se aplique la prisión preventiva oficiosa por la portación de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, así como para los huachicoleros, es decir, para quien sustraiga y comercialice combustible robado.
César Camacho Quiroz, ex presidente de la Comisión de Justicia; Raymundo Cárdenas (PRD), ex presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, y Pilar Ortega Martínez, entonces vicecoordinadora jurídica de la bancada del PAN en San Lázaro, aceptan que el sistema penal es perfectible y se aprestan a abrir debates sobre el tema, pero también piden evaluaciones a la aplicación del modelo por parte de los operadores: policías, Ministerio Público y jueces.
El actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, dice que el Estado de ninguna manera debe dar marcha atrás, darse por derrotado, y considera ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa como un despropósito.
Se requiere, dice, de más recursos y capacitación a los operadores del sistema para que éste rinda los efectos previstos. El Sistema de Justicia Penal Acusatorio, dice Camacho Quiroz, es una victoria política, jurídica y cultural.
Se requiere, declara, de más recursos económicos para la operación del sistema, así como más capacitación a policías, agentes del Ministerio Público, defensores y jueces para que el modelo de justicia rinda los efectos previstos.
“Echarle la culpa al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de si su vigencia eleva los niveles delictivos, o de si es insuficiente para una sana armonía social, me parece injusto y francamente un despropósito”.
Promotor de una reforma al modelo de 2008, a fin de retirar de la Constitución el arraigo, Camacho expone que esa figura es típica del sistema anterior, “es más que el negrito, el negrote en el arroz”, es inconstitucional e inconvencional, pero el entonces legislador consideró necesario incluirlo, pero tiene poca eficacia y se usa poco.
El priísta, que tuvo a su cargo gran parte de la negociación y de la conducción del proceso legislativo en San Lázaro, recuerda que la base de este cambio fue una iniciativa de diputados del PAN, PRD y PRI, a la que se sumó una propuesta del Ejecutivo, y finalmente del trabajo colectivo se alcanzó “una victoria política, jurídica y cultural”.
Pilar Ortega expresa que la reforma resultó de un ejercicio muy sano, “de mesas de debate muy largas para identificar cada uno de los aspectos a discusión, y trabajamos de manera colegiada diputados y senadores.
“Yo era vice coordinadora jurídica del PAN y debatíamos sobre cada punto hasta agotar la temática; hubo temas muy controvertidos y se hicieron cambios de último momento, pues se trataba de construir un sistema con principios rectores”.
Fue un trabajo legislativo muy bueno, dice, “en el que todos aportamos al diseño de la reforma; el Ejecutivo jugó un papel muy importante y tuvo una relación muy directa con su grupo parlamentario del PAN”.
En esa dinámica de trabajo en comisiones, “se hicieron muchos cambios a la iniciativa original del Ejecutivo para mejorar y, sin duda, en el transcurso del tiempo hay aspectos que se tendrán que afinar”.
Había grandes expectativas
Raymundo Cárdenas Hernández, quien dirigió los primeros pasos del estudio y dictamen de la reforma, comenta que “había grandes expectativas en esa reforma, grandes esperanzas que se fueron diluyendo, porque la propia implementación planteaba preparar ocho años, y no se avanzó al ritmo que se debía, [tanto] por falta de apoyo político, como por intereses de quienes buscaban sacar ‘raja’”.
Una de las limitaciones en la aplicación del Sistema Penal Acusatorio, añade Cárdenas Hernández, “es la corrupción en el Poder Judicial, en las procuradurías”, y es posible que la inteligencia estadounidense tenía muy bien valoradas estas debilidades, que han hecho estallar el sistema en su operación, expone.
Crítica injusta
El diputado Arturo Santana, especialista en temas jurídicos de la bancada del PRD, aseguró que le parecen “injustas” las críticas al sistema de justicia, puesto que, desde su perspectiva, los gobernadores lo están utilizando para justificarse ante su incapacidad de controlar los altos índices delictivos que se han presentado en sus entidades. Aseguró que la nueva norma es buena, pero acusó que hay una mala interpretación de ésta, falta capacitación de los policías, los peritos, los Ministerios Públicos, los jueces y magistrados. Además, criticó que no haya instituciones de evaluación que midan su correcta aplicación.
El diputado panista Juan Pablo Piña reconoció también que se deben hacer modificaciones y ajustes al Sistema Penal y que las autoridades deben actualizarse. “Es necesario que las autoridades municipales, estatales y federales hagan su trabajo y capaciten a policías y ministerios públicos. En mi opinión debemos quitar esa etapa del auto de vinculación. Ya estoy preparando la iniciativa. La presentaré en estos días”.
“Yo creo que es necesario eliminar el auto de vinculación a proceso, que es una especie de ‘mexicanizacion’ o ‘tropicalización’ del juicio oral que se usa en otros países como Estados Unidos o Chile”, agregó.
Al preguntarle si no alertaron a los legisladores de lo que se podría generar con esta aprobación, respondió: “Es una reforma de hace muchos años, no sé qué hubieran conocido o no los legisladores de ese entonces”.
Consideró que esta nueva norma es demasiado garantista y entorpece la acción de la justicia, por lo que se debe de ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.
“El auto de vinculación a proceso es el ‘primo’ del auto de formal prisión del sistema anterior. Hubo mucha presión por parte de académicos para que existiera la figura (...) Pero permite una impugnación e incluso un amparo desde antes de que inicie formalmente el proceso penal y eso ha ralentizado la aplicación de la ley”.
El problema es de ejecución
El senador Héctor Larios (PAN) defendió la reforma constitucional del sistema de justicia avalada en 2008 por el Congreso, al señalar que el problema no radica en su redacción, sino en la ejecución de ésta y de sus leyes secundarias.
Raymundo Cárdenas Hernández fue presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja y tuvo a su cargo conducir los trabajos de estudio y dictamen, en primera instancia, pues sobre su documento legislaron en la Comisión de Justicia y, con su aprobación, la minuta fue valorada por los senadores.
“La reforma que aprobamos sigue siendo pertinente; yo no veo que necesite un cambio importante, quizá de redacción para mejorar algunos conceptos”, dijo.
Cárdenas Hernández recordó la amplia participación de bancadas, académicos, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, así como del representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo apoyo “fue invaluable”.
El ex legislador refiere la presencia de personal de la embajada de Estados Unidos, la cual “tenía interés en que se avanzara rápido” en la reforma en la que, sin duda, veían un acercamiento a la justicia estadounidense.
Asimismo, el vocero de la bancada del PRI en temas jurídicos, Alejandro Domínguez, defendió el nuevo Sistema de Justicia Penal y dijo que la norma es buena, pero acusó que es preocupante la capacitación a los policías y ministerios públicos y aceptó que sí se podría poner en riesgo esta norma en su funcionamiento si no hay un buen entrenamiento para los integrantes del Poder Judicial.
“Es preocupante la capacitación a los Ministerios Públicos y policías, y sí, se podría poner en riesgo este sistema. La capacitación es el requisito indispensable para que el sistema funcione. Al ser un sistema abierto, de mayor transparencia, todo mundo lo puede ver, es muy palpable cuando existe un error del Ministerio Público, cuando antes eran papeles, documentos, expedientes y no era tan notorio un error, pero hoy es muy notorio, la capacitación es fundamental y los jueces no pueden abrogarse tampoco a la facultad de Ministerio Público en la acusación”, dijo Domínguez.
Destacó que esta nueva norma, al ser garantista, la premisa es que los juicios se lleven en libertad más que en reclusión y ahora ya no hay un catálogo de delitos graves, sino es la argumentación del Ministerio Público la que va a determinar la prisión preventiva oficiosa, entonces, dijo, el problema se presenta en la capacitación de ministerios públicos y en la argumentación jurídica.
“La norma es buena, sin duda, sin embargo, reitero, como toda norma jurídica, es perfectible, también debe estar adecuada hacia la circunstancia que se está presentando en el escenario de lo jurídico y en los procesos, entonces nosotros tenemos una obligación, que es sustancial a la tarea legislativa, que es revisar la ley junto con el Poder Judicial y con el Ministerio Público para hacerla más perfectible y poder garantizar justicia a los mexicanos”, dijo Alejandro Domínguez.
