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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé declarar inconstitucional la reserva realizada por la administración de Javier Duarte en Veracruz sobre los gastos en publicidad gubernamental de 2010 a 2013.
La información fue solicitada en agosto de 2013 por el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, quien, luego de agotar los recursos en materia de transparencia, promovió un amparo para combatir la reserva de la información.
La Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz confirmó la resolución, por lo que el asunto llegó a la Suprema Corte, en donde el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propondrá a sus compañeros de la Primera Sala revocar la resolución y declarar inconstitucional la reserva de la información por tratarse del gasto de recursos públicos.
El proyecto del ministro busca que la Sala Constitucional analice nuevamente las razones del Instituto de Transparencia estatal para confirmar la reserva de la información.
Gutiérrez Ortiz Mena propone que las reservas de información realizadas por el gobierno de Veracruz al gasto en medios de comunicación “no son idóneas ni necesarias”.
La solicitud de Yunes Linares se refiere específicamente a los gastos que realizó el gobierno estatal por pagos a medios de comunicación en prensa escrita, televisión e internet, así como el gasto en carteleras espectaculares en la entidad y en el país, las fechas de dichos pagos, copia de las facturas, cheques o comprobantes de pago y los convenios realizados con los medios de comunicación para la difusión de programas gubernamentales.
El jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno estatal dijo que la información sobre los gastos y las fechas de los mismos estaba reservada porque ponía en peligro la estabilidad financiera de la entidad y podía generar “una ventaja indebida en perjuicio de un tercero”.
Yunes acudió ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, en el que argumentó que la reserva no fue fundamentada y que al declarar que los documentos requeridos eran inexistentes, la administración pretendía eludir el acceso a la información. El INVAI confirmó la respuesta porque divulgar los datos “no permitiría al Estado controlar o influir substancialmente en los precios de bienes o servicios, afectando con ello al erario público”.
El gobernador promovió un amparo que en abril de 2014 le fue negado por la Sala Constitucional del TSJ estatal, porque desde antes de la solicitud de información todos los datos generados por la Coordinación General de Comunicación Social de Veracruz ya estaban reservados.
El proyecto, que será discutido el miércoles, agrega que divulgar la información no genera un perjuicio para el estado, sino todo lo contrario. “Si la intención fuera beneficiar la estabilidad de las finanzas del gobierno del estado, la divulgación de información de costos que ya fueron pagados en medios de comunicación para la promoción gubernamental, conlleva a que los competidores ofrezcan mejores condiciones de mercado para futuros contratos”, se establece.
