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Los índices históricos de violencia son evidencia de que las autoridades han fallado en su obligación y responsabilidad de proporcionar los niveles mínimos de seguridad, advirtió el presiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Al presentar su Informe de actividades 2017 ante la Comisión permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman nacional indicó que el año pasado fue en el que se emitieron más recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos.
Ante los legisladores señaló que Mexico requiere una revisión integral y un replanteamiento urgente de sus políticas públicas en materia de seguridad y justicia.
“Las circunstancias de 2018 permiten advertir un panorama político sumamente competido; lo que ocurra en este proceso marcará el futuro del país”, mencionó.
Al desglosar su informe, el Presidente de la CNDH indicó que se recibieron 38 mil 722 escritos de queja que derivaron en la apertura de 25 mil 959 expedientes, es decir, 700 más que en 2016.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la institución más señalada con 2 mil 634 quejas; es decir, un incremento del 27% en comparación a 2016.
Le sigue el ISSTE con mil 078; quejas en contra de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fueron 656; Instituto Nacional de Migración, 521; Policía Federal, 425; PGR, 422; Sedena, 415; Sedesol, 386; y Secretaría de Marina 259.
En cuanto a la ley de seguridad interior, recalcó que el articulado es contrario al contenido y esencia de la reforma de 2011, en tanto que genera la posibilidad de que se vulneren los derechos y libertades básicas.
Explicó que uno de los argumentos para fundamentar la ley de seguridad interior fue dar certeza a la población y a los elementos de las fuerzas armadas.
“Lo cierto es que la simple lectura de la ley en sus términos actuales permite advertir que no reporta ningún beneficio a los integrantes de las fuerzas armadas”.
“La ley es, en su parte sustantiva, un instrumento que posibilita que el Ejecutivo Federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las fuerzas armadas”, aseguró.
Tocó el tema de las policías en el país y expresó que existe una deficiencia en el diseño institucional, inadecuadas políticas y esquemas de reclutamiento y selección.
“Esta realidad que nos desafía y confronta deja en claro la falta de políticas públicas integrales y pertinentes en materia de seguridad y justicia”.
En cuanto al caso Iguala, Luis Raúl González Pérez, agregó que la CNDH continuó con la integración del expediente y de los 57 puntos propuestos por el organismo a las autoridades, solo 9 fueron completamente atendidos, 36 estaban en vías de atención y 12 no habían sido atendidos.
