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Contar con los ingresos públicos suficientes para ejecutar su plan económico será el principal reto del nuevo presidente de México, cuya elección será el próximo 1 de julio. Los tres principales candidatos coinciden en la importancia de la disciplina fiscal para gobernar con responsabilidad en los siguientes seis años, pero en su campaña han hecho promesas que pueden comprometer las finanzas públicas.
El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrece el pago de un salario mensual de 3 mil 600 pesos a jóvenes que trabajen y aprendan un oficio.
En tanto, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, dice que garantizará el derecho a una renta básica universal, que consiste en mil 500 pesos al mes para todos los mexicanos.
El aspirante de la alianza Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, promete duplicar la pensión que reciben los adultos mayores, de mil 160 a 2 mil 320 pesos cada dos meses, lo cual también ofrece AMLO.
“Un común denominador de los tres principales candidatos es que confían en el gasto público como motor de crecimiento económico, pero el mayor desafío que enfrentarán será generar los ingresos suficientes para ejecutar y garantizar sus programas, sin generar deuda”, opina José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic).
Comenta la importancia de que la nueva administración controle el gasto público para financiarse con ingresos públicos, sin aumentar impuestos, como prometen AMLO y Anaya.
Las empresas requieren certidumbre fiscal para planear invertir a mediano y largo plazos en México, explica.
De la propuesta de AMLO de reingeniería del gasto público, De la Cruz opina que el cambio es necesario y de manera profunda, porque el presupuesto se ha ejecutado ineficazmente en los tres niveles de gobierno y genera valor agregado marginal en laeconomía.
Considera que también se requiere una reingeniería de la administración pública para lograr mayor eficacia y abatir la corrupción.
Propuestas pobres
El director general de Bursamétrica, Ernesto O’Farril, coincide en que el nuevo Presidente tendrá como reto generar ingresos suficientes para ejecutar su proyecto económico.
“No sólo se requiere una reingeniería del gasto público, sino también una reingeniería de los ingresos”, comenta.
Considera que México no se puede quedar con impuestos sobre ingresos tan altos, dado el régimen fiscal sumamente competitivo que ofrece Estados Unidos para los empresarios.
Opina que el salario a jóvenes aprendices que promete AMLO y la renta básica universal de Anaya son “dadivas” y añade que “regalar dinero sin tener claro el origen de los recursos es pura demagogia populista”.
“Son muy pobres las propuestas económicas de los tres candidatos a la presidencia. No dejan ver con claridad hacia donde puede ir su política económica”, recalca.
De la Cruz señala que garantizar una renta básica universal, como promete Anaya, puede comprometer las finanzas públicas.
Opina que para que funcione el modelo económico del Desarrollo Estabilizador, que propone AMLO, se requiere de una visión global y que el Estado tenga mayor participación en la promoción del crecimiento económico.
Ve positiva la política del morenista para reactivar el campo mexicano, cuya producción per cápita de alimentos básicos, como jitomate, maíz, frijol y huevo se estancó desde los 80, aunque estimó que en algunos México no podrá alcanzar la autosuficiencia.
O’Farril no cree que sea conveniente implementar el modelo del desarrollo estabilizador, porque consiste en un esquema proteccionista y una economía cerrada. Dice que la soberanía alimentaria que promete AMLO es inviable, con base en precios de garantía y controles de precios que van a generar desabasto y más pobreza en el campo.
Sobre la propuesta de Meade de asignar créditos para impulsar la inclusión financiera, el director de Bursamétrica dice que es viable porque México cuenta con instituciones para dar más financiamiento, como banca de desarrollo, y estimular la actividad productiva.
Opina que es conveniente el acceso universal a internet, relacionar digitalmente al gobierno e impulsar la industria digital como motor de crecimiento, una oferta de Meade.
De la Cruz coincide en la viabilidad de asignar más créditos para impulsar la inclusión financiera mediante la banca de desarrollo, enfocando el financiamiento a empresas e industria para obtener mayores beneficios.
Considera que no sólo se debe garantizar el acceso universal a internet, sino apostar a que el país sea líder en la innovación y manufactura de tecnologías de la información.
El director del Idic opina que la corriente política vencedora el 1 de julio tendrá que trabajar en la inclusión de las propuestas de sus contrincantes, para complementar su esquema de plataforma política.
El 13 de junio, el economista en jefe para América Latina de Citi, Ernesto Revilla, dijo a EL UNIVERSAL que el dólar va a bajar si AMLO gana las elecciones, aunque consideró necesario conocer más su plan económico.
Anticipó un panorama favorable para la economía en la segunda mitad del año, independientemente del resultado de comicios.
Logros y pendientes
La aprobación de las reformas estructurales es el principal logro de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, mientras que la falta de crecimiento económico y los altos niveles de inseguridad quedan como pendientes importantes, coinciden analistas.
“Si hay algo que reconocer del presente gobierno es la aprobación e implementación de las reformas estructurales, porque unas van a beneficiar a la economía a futuro y otras permiten que México sea más abierto, con mayores oportunidades para la inversión”, opina Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody's Analytics.
Dice que la inflación registró un mínimo histórico de 2.1% a finales de 2015 de manera artificial, porque no se permitieron los ajustes necesarios en los precios de combustibles y electricidad, lo cual no se pudo sostener y ahora se tienen niveles de más de 4%.
Indica que el crédito bancario aumentó en este gobierno, pero de modo transitorio y fue inducido artificialmente porque el Banco de México (Banxico) mantuvo la tasa de interés referencial en un mínimo histórico de 3% por casi dos años.
Considera que el gobierno federal queda a deber en crecimiento económico, el cual requiere ser de 4% cada año para reducir permanentemente los niveles de desocupación.
Según el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) que presentó la Secretaría de Hacienda a finales de 2013, la economía mexicana podía promediar un crecimiento de 4.3% anual en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que hubiese significado el mejor registro sexenal desde José López Portillo, cuando se observó una media de 6.5% entre 1977 y 1982.
Según el Pronafide, la economía mexicana incluso se podía expandir 5.3% durante el último año del sexenio, pero la tasa más alta fue de 3.3% en 2015.
Coutiño expone que las expectativas de crecimiento se incumplieron, en parte, por la poca inversión pública y privada que limitó la capacidad productiva del país.
Destacó los problemas de inseguridad pública, lo que elevó los costos en seguridad efectuados por las empresas y desincentivó la llegada de nuevas inversiones.
“La falta de seguridad pública es uno de los más grandes pendientes que deja esta administración para el siguiente gobierno”, expresa el analista.
Enfatizó el incremento de la deuda pública en la administración actual, lo cual fue consecuencia del mal manejo de la política fiscal en México.
Demora y baja inversión
El analista de Scotiabank, Luis Jaramillo, dice que la aprobación del paquete de reformas fue un logró del presente gobierno, aunque la demora en la implementación y la menor inversión pública han impedido un mayor crecimiento de la economía mexicana.
“La falta de crecimiento económico no sólo es un pendiente que deja el gobierno federal, sino de todo el país para consigo”, dice.
La menor inversión pública, en busca del equilibrio fiscal, restó dinamismo a la economía en esta administración, mientras que la inversión privada se puede desincentivar en la medida que el Estado de derecho se implemente ineficazmente y sigan los problemas de inseguridad.
