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En una sala de juicio oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) se realizó ayer la audiencia inicial por el caso del niño Luis Eduardo “N”, de 12 años, presunto responsable del accidente automovilístico en las inmediaciones de la delegación Tláhuac, donde cinco menores de edad perdieron la vida.
La audiencia fue presidida por un juez especializado en justicia para adolescentes, quien impuso medidas cautelares al niño que iba manejando el vehículo y se impactó contra un árbol, las cuales debe acatar hasta que termine el proceso penal en su contra; en tanto que su defensa solicitó la duplicidad del término, por lo que será el próximo viernes cuando se decida la situación jurídica del menor, mientras tanto Luis Eduardo seguirá bajo el resguardo del DIF capitalino.
Al término de esta primera audiencia, la cual se llevó a cabo a puerta cerrada para evitar que el niño sea revictimizado, como medidas preventivas el juzgador ordenó a Luis Eduardo presentarse mensualmente a firmar ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso y le prohibió que salga de la Ciudad de México sin autorización de impartidor de justicia.
También deberá estar bajo el cuidado y vigilancia de personal de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; es decir, no será entregado a sus padres y permanecerá en el albergue del DIF donde desde el día de los hechos se encuentra recluido, y así será durante todo el tiempo que dure el proceso en su contra.
Además, tiene prohibido acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas: los sobrevivientes y familiares de los menores que murieron en el accidente.
Durante la audiencia, el Ministerio Público imputó a Luis Eduardo el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo en contra de cinco personas, también menores; mientras que la defensa del niño, que fue privada, solicitó la duplicidad del término constitucional para que le sea definida su situación jurídica, por lo que será el próximo viernes 2 de marzo cuando el juez defina si lo vincula o no a proceso.
En todo este proceso, el niño de 12 años fue asistido por una defensa privada; su representante legal, en este caso una funcionaria de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del DIF de la Ciudad de México, instancia que ejerce la tutoría temporal, un médico general y una sicóloga, así como un familiar cercano (su hermano).
