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En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación porque más de 40 millones de mexicanos no tienen acceso a las instituciones de salud como prestación laboral, lo que implica un peligro para su integridad y su pleno desarrollo profesional.
Alertó de que más de 16.3 millones de ciudadanos que llevan a cabo trabajos subordinados y remunerados, y los casi 30 millones que se desempeñan en el sector informal “no ejercen plenamente sus derechos a la seguridad y salud”, a pesar de que esas garantías forman parte del régimen jurídico en materia laboral.
La CNDH indicó que la falta de acceso a la seguridad social en el empleo representa un riesgo para los trabajadores. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Memoria Estadística del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “en ese año hubo mil 408 defunciones por riesgo de trabajo, de las que 986 fueron provocadas por accidentes, 399 consideradas por accidentes en trayecto al centro laboral y 23 como consecuencia de enfermedades de trabajo”; sin embargo, advirtió que es probable que esas cifras aumenten.
En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, recordó que esas garantías para proteger a la población económicamente activa están contempladas en el artículo 123 de la Constitución, así como en la Ley Federal del Trabajo, además de las disposiciones emitidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Resaltó: “Para esta Comisión Nacional, la salud y la seguridad en el trabajo son determinantes para el goce de los derechos humanos laborales e interdependientes de otros derechos como al medio ambiente sano, a la salud, integridad personal e incluso la vida, respecto de las y los trabajadores que se encuentran en los alrededores de centros laborales; de ahí la importancia de su respeto, protección y garantía”.
Por lo que hizo un llamado a examinar las normas en la materia tanto nacionales como internacionales y a revisar los procesos de inspección, con el objetivo de garantizar que se cumplan las disposiciones.
