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La ex coordinadora de Comunicación Social del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Gina Domínguez, fue vinculada legalmente a un proceso por los presuntos delitos de abuso de poder, incumplimiento de un deber legal y coalición en contra del servicio público.
Durante la audiencia del juez de control que duró más de ocho horas, con dos de receso, se conoció que el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares le acusa de haber pagado 100 millones de pesos a empresas fantasma y busca involucrar a 16 ex funcionarios y a directivos de medios de comunicación. Éstos últimos sólo por el hecho de haber obtenido convenios publicitarios que considera excesivos.
La fiscalía estatal presentó como pruebas las declaraciones de dos supuestos testigos protegidos, actuales empleados de la Coordinación General de Comunicación Social para señalar irregularidades en contra de la ex servidora pública.
La juez de control Verónica Portilla Suazo otorgó seis meses para que la fiscalía haga una investigación complementaria que incluye solicitar a la Comisión Bancaria y de Valores información sobre dos cuentas de Banamex desde donde la Secretaría de Finanzas y Planeación hizo depósitos a ocho empresas, dos de ellas fantasma y otras vinculadas con la ex vocera, amigos y familiares de Javier Duarte.
También para solicitar las declaraciones de los representantes legales de las empresas y los empleados de la Coordinación de Comunicación Social, así como la inspección ocular a los domicilios de las empresas y una pericial contable.
La juez determinó que Gina Domínguez es probable autora material de los hechos delictivos por haberlos cometido de manera dolosa, puesto que ordenó a sus subordinados hacer el pago a empresas con las que no se celebraron contratos, en omisión a las leyes.
Además, precisó que no actuó de manera independiente, sino con la participación de otros funcionarios y que excedió sus funciones violentando el Código Financiero del estado.
La fiscalía estatal señaló que Domínguez habría beneficiado a empresas fantasma con pagos millonarios usando recursos públicos, incluso del rubro de provisiones salariales y económicas del gobierno del estado. La dependencia involucró a otros funcionarios duartistas que avalaron los pagos.
