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Hilario Ramírez Villanueva “Layín”, ex presidente municipal de San Blas, “no robó poquito, se lo llevó todo” denunció la actual presidenta de este municipio de Nayarit, Candy Yescas, quien aseguró que al terminar la auditoría que está llevando a cabo para cuantificar el monto de los daños al erario causados procederá legalmente contra su antecesor.
“Estamos todavía tratando de destrabar las cuentas del municipio porque hasta el token se llevaron (…) hay desvío directamente de una cuenta del ayuntamiento a una cuenta de Hilario Ramírez Villanueva, son millones”, señaló la edil.
Indicó que entre los problemas que han detectado a dos semanas de haber recibido la administración municipal está la falta de pago a trabajadores y algunos servicios, como la luz.
“Ni siquiera encontré nada, ni siquiera tuvimos una entrega recepción (…) yo creo que es un municipio en quiebra, me dejaron sin pagar las quincenas, el día de ayer querían cortarme la luz, que implica dejar sin servicio de agua potable a los ciudadanos”, señaló Yescas.
Recordó que aunque Ramírez Villanueva intenta evadir su responsabilidad argumentando que él salió de la administración hace más de 6 meses para irse a competir por la gubernatura del estado, es culpable del desfalco a la administración pública y la ley establece que esa responsabilidad no prescribe.
“No estaba de presidente municipal y es lamentable que se escude de esa forma porque puso a un suplente que se prestó de forma lamentable a muchas cosas, igual que la síndico municipal, que actuaron por miedo; pero actualmente la ley establece que no te escapas por un año que no hayas estado como funcionario, es hasta por 7 años, por eso estamos pidiendo la auditoría de la anterior administración”, indicó.
Además, informó que la anterior administración se llevó todos los vehículos oficiales y la maquinaria del ayuntamiento, y para tratar de ocultar el delito intentan desmantelarla para desaparecerla.
Yescas refirió que otro aspecto que compromete aún más las finanzas del municipio son las 185 basificaciones ilegales que autorizó la administración de Ramírez Villanueva.
