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El Poder Judicial de Oaxaca paga 12 millones 685 mil 70 pesos anualmente a magistrados jubilados. Tres de ellos, son funcionarios nuevamente; Raúl Bolaños Cacho es presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE); Héctor Anuar Mafud Mafud, titular de la Secretaría General de Gobierno (Segego), y Francisco Martínez Sánchez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. De los tres, ninguno ha presentado su declaración 3de3 (patrimonio e intereses).
Otro magistrado jubilado es beneficiario de una notaría pública y uno más fue nombrado miembro del Comité Académico de la Escuela Judicial del TSJE desde 2012.
Por segunda vez.
De acuerdo con la Unidad de Gestión Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños Cacho se jubiló el 3 de enero de 2010 y el 13 de marzo de 2017 regresó como presidente del Poder Judicial.
El salario bruto anual de Bolaños Cacho es de un millón 442 mil 40 pesos más remuneraciones adicionales por un millón 698 mil 212.40 pesos, para hacer un total bruto de 2 millones 120 mil 252.40 pesos anuales. A este pago se sumaría su salario bruto mensual de 49 mil 843 pesos mensuales con remuneraciones, como presidente del tribunal, con base en el tabulador de sueldos y salarios de mandos medios y superiores del ejercicio fiscal 2016 del Poder Judicial.
Según el área de prensa del TSJE, la pensión de Bolaños Cacho se suspendió de manera inmediata al asumir el cargo como presidente del Poder Judicial, “puesto que no puede cobrar dos salarios a la vez”.
La Unidad de Gestión Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a cargo de Víctor Sánchez Flores señala, en el documento TSJ/DGA/UGA/0343/2017, que ningún magistrado jubilado ha solicitado la suspensión temporal de su pensión.
Otros en funciones.
Entre los magistrados jubilados, con pensión de más de medio millón de pesos al año que se volvió a emplear como funcionario, está el caso del titular de la Secretaría de Gobierno (Segego), Héctor Anuar Mafud Mafud. Además, fue presidente del TSJE durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz y se jubiló del Poder Judicial el 12 de enero de 2012. Como secretario General de Gobierno percibe un sueldo neto de 49 mil 820 pesos mensuales; sin embargo, no ha informado si renunció a su pensión.
Martínez Sánchez, magistrado jubilado desde el 3 de enero de 2007, volvió al Poder Judicial en 2012 cuando el ex presidente de este poder, Alfredo Lagunas Rivera, lo nombró parte de los integrantes del Comité Académico de la Escuela Judicial del TSJE. También ha ocupado diversos cargos en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y es presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, instancia del gobierno estatal.
Otro de los magistrados jubilados con funciones públicas es Ezequiel Miguel Ángel Guzmán, quien es notario público número 33. Se retiró del Poder Judicial el 1 de febrero de 2001.
Discrepancias en cifras.
El TSJE reportó en su tabulador de salarios para el ejercicio fiscal de 2016 el desembolso de más de 12 millones 685 mil pesos netos para el pago de la pensión a 23 magistrados jubilados; 551 mil 524.8 pesos, para cada uno.
La Unidad de Gestión Administrativa del TSJE sólo refiere que son 15 magistrados retirados y expone que la percepción mensual corresponde a la clave 22 B, que se encuentra en el tabulador 2016 de mandos medios y superiores; el documento señala que son 23 y no 15, como lo indica la instancia.
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece en su artículo 125: “Los magistrados jubilados percibirán una pensión vitalicia de 100% de las prestaciones que tuviera en el momento de la aprobación de la jubilación, comprendiéndose en ella, el sueldo, compensaciones, aguinaldos y bonos de actuación que perciba, por la vía de Presupuesto de Egresos.
“La pensión de estos servidores públicos se incrementará al mismo tiempo y en la misma proporción, en que se aumenten las percepciones de la categoría de que se trate, como si estuvieran en activo”.
Según el artículo, un magistrado jubilado percibe anualmente en sueldo y remuneraciones un millón 275 mil 350.4 pesos, o netos 919 mil 732.80 pesos; sin sumar aguinaldos y bonos de actuación que refiere la legislación.
Al fallecer, la pensión se transmitirá de por vida a la persona que instituya como beneficiaria dentro de sus dependientes económicos.
