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Las campañas políticas de 2018 se podrían financiar con las sanciones económicas que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto a servidores públicos por diversas irregularidades, desde administrativas hasta actos de corrupción, si realmente se pagaran.
En dos años y medio, de enero de 2015 a agosto de 2017, de acuerdo con la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la secretaría, se impusieron 2 mil 195 sanciones económicas por 5 mil 757 millones de pesos, pero de esos recursos poco se recupera. Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que la recaudación de las multas no mantiene un porcentaje elevado. Por ejemplo, en cuatro años, de 2012 a 2016, se recuperaron mil 225 millones, la cifra representa 20% de lo que se impuso en los últimos dos años.
Para el próximo año, el INE prevé dar a los partidos políticos alrededor de 6 mil 788 millones de pesos para las elecciones federales.
Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que existe un problema para hacer un cobro efectivo, por lo que no se puede contar con ese dinero. “El SAT tiene un problema serio con los créditos fiscales y tiene otro de cobro, porque normalmente juzgan la eliminación de esos créditos”, dijo.
Aseguró que cada año se elimina de esa lista a deudores a los que no se les puede cobrar, porque el trámite para intentarlo sería más caro.
“Tenemos un serio problema para hacer válidos todos esos ingresos de la Federación. Buscar otra forma de cobrar multas es complicado porque es a través de la Secretaría de Hacienda”, añadió. El también coordinador nacional de la organización Nosotrxs declaró que no es que se deba crear un mecanismo para cobrarlos, sino hacer que el sistema actual sirva.
“Cuando una cosa no funciona, el tema no es inventar como suplirla, lo que tenemos que exigir es que funcione bien”, resaltó. EL UNIVERSAL publicó en 2015 que del 30 de julio de 2006 al 30 de septiembre de 2014 logró recuperar 106 millones 825 mil 860 pesos por sanciones a empresas que violaron la legislación a la hora de hacer negocios con el gobierno.
Khemvirg Puente, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que el hecho de que haya tal número de sanciones administrativas a los servidores públicos habla bien de la SFP; no obstante, el SAT también requiere informar cuánto de esas sanciones se ha recuperado. Respecto a las auditorías a los contratos de recursos federales explicó que están en un momento de transición porque hay un proceso nuevo de designación de los titulares de los órganos internos de control para garantizar un poco más de independencia en sus acciones.
“Debemos tener reformas que fortalezcan el sistema de fiscalización en el nivel local, para que las contralorías dejen de ser estos órganos subordinados a los gobernadores y creo que va en ese camino la reforma al sistema de fiscalización, pero eso tomará tiempo”, añadió Puente.
Lourdes Morales, representante de la Red por la Rendición de Cuentas, explicó que es relevante analizar qué tipo de faltas se sancionan, porque si son por cuestiones meramente burocráticas, por ejemplo, la declaración patrimonial, muchas de ellas son impugnadas ante el tribunal contencioso y no son pagadas o son motivo de amparo.
Refirió que se necesita priorizar casos relevantes y tener mayor investigación a funcionarios que cometan actos irregulares o actividades, por ejemplo, enriquecimiento ilícito.
“Pesquisas no sólo deben ser políticas”
“Necesitamos indagatorias ejemplares, si se hace una pesquisa ejemplar que permita desmantelar una red de corrupción con todos los involucrados y que la motivación no sea exclusivamente política y más porque estamos en año electoral, habremos dado un paso enorme porque nos va a permitir registrar las causas que generan esas redes y las consecuencias. Si lo que vemos es el sacrificio en la plaza pública, de una persona que es políticamente incómoda o porque es conveniente ese sacrificio, no estaremos combatiendo la corrupción”, dijo.
Recordó que parte de la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue reformular el papel de la Función Pública en el combate a este fenómeno. “Sancionar a los servidores por no hacer la declaración patrimonial a tiempo no va a servir para combatir la corrupción”, declaró Morales. “Necesitamos un papel de prevención más relevante, menos burocratizado, en donde se examine el contenido de esas declaraciones y se pueda hacer un seguimiento”, indicó.
“Decir somos muy buenos porque sancionamos a miles de funcionarios. Ese no es el enfoque que generó que se creara un SNA , no estoy diciendo que no se sancione a quien actúa contrario a derecho, lo que estoy diciendo es que destinan demasiada energía en sancionar cuestiones que no son relevantes y los grandes casos de corrupción que requieren de investigación que requieren de vigilancia no se observan”, puntualizó.
Las principales causas de las sanciones impuestas por la dependencia federal a los servidores públicos han sido: la negligencia administrativa, el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial, el abuso de autoridad, la violación en los procedimientos de contratación, violación a las leyes y normatividad presupuestaria, el ejercicio indebido de sus funciones en materia migratoria y en menor número el cohecho y también la extorsión. El último informe de la Secretaría de la Función Pública indica que las sanciones registran un decremento de 13% en el periodo 2016-2017, respecto al periodo 2015-2016.
Empresas y contrataciones
En respuesta a una solicitud de transparencia, se informó que la SFP además ha aplicado multas, de 2016 a la fecha, a 12 empresas por algún tipo de irregularidad en contratos con el gobierno federal, por 6 millones 360 mil 889 pesos.
Al 31 de julio de 2017 se tienen registradas mil 706 sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública a licitantes, proveedores y contratistas que participaron en cualquier modalidad pública con el gobierno federal o con las entidades, municipios y delegaciones de la Ciudad de México.
El importe total de las multas impuestas fue por 114.8 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 43.5% respecto a los 80 millones impuestos entre el 1 de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016.
Quejas ciudadanas
El número de quejas y denuncias ciudadanas en contra de servidores públicos de distintas dependencias ha bajado al pasar de 60 mil, en 2015, a 33 mil, en 2017.
Durante tres años se han registrado 131 mil 727 señalamientos hechos por ciudadanos. El IMSS y el ISSSTE se mantienen entre las instituciones públicas con más quejas.
Dependencias como el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional del Agua y Fovissste, aumentaron en 2107 sus quejas, respecto al periodo al año anterior.
Únicamente el SAT acumula en tres años un total de 15 mil 906 quejas, aunque también registra un elevado número de trámites.
