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Después de dos horas de debate y con el voto a favor del PRI, Verde, Panal y una panista, la Comisión de Gobernación avaló el dictamen con el se crea la Ley de Seguridad Interior, que busca ser el marco normativo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Se prevé que este documento sea llevado al pleno de la Cámara de Diputados este mismo jueves, de acuerdo con versiones del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín.
En este debate, los grupos parlamentarios de oposición PAN, PRD, MC y Morena, adelantaron su voto en contra del dictamen con el que se expide la Ley de Seguridad Interior en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
El primero en anunciar el sentido del voto fue el perredista, Rafael Hernández Soriano, quien presentó un voto particular para solicitar que se deseche esta propuesta porque inconstitucional e inconvencional. No contiene una fecha para el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles y no se contemplan mecanismos efectivos de control de las acciones, ni jurisdiccional ni parlamentario.
“No existe una diferenciación contundente entre los supuestos de aplicación de esta Ley y aquellos que requieran la aplicación del mecanismo de restricción de garantías. El procedimiento de declaratoria de protección a la seguridad interior es unilateral, implementado, valorado y calificado por el Ejecutivo, sin ningún contrapeso, lo cual se aplica también para su prórroga o modificación”, explicó Hernández Soriano.
En su intervención, Jorge Triana del PAN, pidió a sus compañeros del PRI y aliados recapacitar este dictamen porque ha sido poco socializado, es decir, cuatro o cinco días, agregó que este dictamen se construyó con más de 10 iniciativas.
Adelantó que el PRI tiene la intención velada de que este dictamen se suba al pleno de la Cámara de Diputados este mismo jueves. Y aseguró que se implica un riesgo enorme y se quejó que no se haya escuchado a la sociedad civil.
Por su parte, el diputado de MC, Macedonio Tamez, estableció que este dictamen es una “gran estafa” y un “engaño” para las Fuerzas Armadas y al pueblo de México porque se les hace creer que a través de esta ley sus elementos van a quedar certificados y aprobados en el combate al crimen, pero no representa ninguna exoneración y si cometen algún delito serán juzgados, por lo anterior presentó una moción suspensiva para detener el dictamen.
Por su parte, la coordinadora de Morena, dijo que en la estrategia de seguridad sólo ha habido “ocurrencias” y dijo que su grupo parlamentario no puede estar a favor de que el Ejército haga las tareas de policías, además de que el dictamen es contrario a los tratados internacionales a lo que dice la ONU.
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El dictamen de la Ley de Seguridad Interior establece que la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalidad y no podrán excederse de un año, además estará sujeta a la colaboración de las entidades para contribuir con la amenaza que existe a la seguridad interior.
“La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo. Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad”, detalla el artículo 15 del documento.
En el documento de la Comisión de Gobernación, del cual EL UNIVERSAL posee una detalla que a la entrada en vigor de la presente ley, los estados o municipios en los que ya esté la presencia de las Fuerzas Armadas, tendrán 90 días para solicitar la declaratoria de amenaza a la seguridad interior para sujetarse a esta nueva ley.
Las que no requieran declaratoria se continuarán rigiendo conforme a los instrumentos que les dieron origen.
Un tema que provocó opiniones en contra del pasado proyecto fue si habría represión, por parte del Ejército, a las protestas sociales al considerarlas como una amenaza a la seguridad interior, sin embargo, en este nuevo documento se incluyó, de manera expresa, la prohibición a que la Ley de Seguridad Interior fuera utilizada en manifestaciones sociales o políticas no violentas.
Además, de “permitirse una represión de ese tipo, la misma sería contraria a lo establecido en los artículos 1º, 7 y 9 de la Constitución, pues la preservación de la seguridad interior no lleva aparejada de forma alguna la restricción o suspensión de derechos y garantías”, destaca el documento.
