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En el basurero de Cocula se incineraron al menos 19 cuerpos y es necesario determinar si corresponden a algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, indicó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien añadió que la investigación realizada muestra que el crimen organizado ha tomado algunas instituciones de seguridad y justicia.
Al presentar la Recomendación 15VG/2018, sobre la Investigación por Violaciones Graves de Derechos Humanos en el Caso Iguala, el ombudsperson señaló que la Procuraduría General de la República subestimó el hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos temporales que detectó el organismo.
Asimismo, subestimó una bolsa recuperada en el río San Juan, que contenía tres porciones petrosas, 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que deberían ser sometidos a pruebas de ADN para determinar si corresponden a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
“El hallazgo de las porciones petrosas de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos, a efecto de determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos”, destacó.
Esta información dada a conocer por el organismo coincide hasta cierto punto con la llamada Verdad Histórica que presentó el gobierno, en la que se afirmó que los 43 normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas dispersadas en el río San Juan.
González Pérez enfatizó que la verdad que encontró la CNDH muestra “la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado; la cooptación penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles y órdenes de gobierno”.
Expresó que la desaparición de los normalistas no es un caso aislado, sino un reflejo de la situación que se vive en diversas zonas de la República, puesto que “un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala, sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”.
José Trinidad Larrieta Carrasco, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, explicó que la recomendación se dirigió a 16 dependencias, por los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fallecieron seis personas, 42 resultaron lesionadas y 43 fueron víctimas de desaparición forzada.
Manifestó que para elaborar la carpeta de investigación de más de un millón de hojas y mil 255 tomos se enfrentaron a los obstáculos y a la falta de cooperación de diversas autoridades, quienes negaron la información o la entregaron incompleta.
El presidente de la CNDH mencionó que la recomendación no pone fin a las indagatorias sobre el caso, pero representa un punto de partida para las nuevas autoridades, a quienes les corresponderá “enderezar y continuar las investigaciones penales del caso”.
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