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En las cárceles del país, donde se encuentran recluidas 200 mil 936 personas, existe el peligro de contagios masivos del nuevo coronavirus, alertaron organizaciones de la sociedad civil.
El principal riesgo es que en seis de cada 10 prisiones las condiciones para cumplir con las medidas de higiene y sana distancia que ha demandado el gobierno federal para evitar la propagación del Covid-19 son “deficientes”.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), precisa que en 63% de los centros de reclusión federales y estatales las condiciones materiales, de equipamiento e higiene de los dormitorios son deficientes.
Además, el texto señala que en 32.79% de las cárceles hay deficiencia en los servicios de salud, mientras que 33% tienen sobrepoblación, y 32%, hacinamiento.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 45.6% de los entrevistados compartió su celda con más de cinco personas y 12.5%, la cama.
También 30% reportó no contar con agua potable en el interior de sus celdas y alrededor de 5% carecía de drenaje.
La Secretaría de Salud (Ssa) calcula que diariamente en las cárceles federales ingresan entre 3 mil y 3 mil 500 personas, entre abogados, empleados y proveedores. De ellas, aproximadamente 400 son visitas familiares de las personas privadas de su libertad; sin embargo, en penales estatales y municipales no existe el cálculo.
“Por ahora no hay casos confirmados dentro de los centros de reclusión, pero una vez que entre el virus, el contagio va a ser masivo. No hay forma de controlar con mucha población, las zonas de aislamiento no existen.
“No están tomando el brote con seriedad. En otros países donde el Covid-19 va más avanzado, ya llegó [a los penales], porque es muy fácil que entre”, advirtió en entrevista con EL UNIVERSAL María Sirvent Bravo, fundadora y coordinadora institucional de Documenta.
Factores de peligro
Organizaciones como Reinserta, Documenta y Derechos Sin Barreras explicaron que los principales factores de riesgo para las personas en situación de reclusión, sus familiares y el personal penitenciario son la falta de información, así como de instalaciones médicas, servicios de salud insuficientes, así como la escasez de insumos y servicios básicos de higiene, y se les cancelaron sus visitas.
“Las medidas [de contingencia de la SSA] parecen viables para la gran mayoría de las personas, pero resultan ser complejas de implementar en los centros de reclusión de nuestro país.
“Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben considerar en sus planes de emergencia al sistema penitenciario, destinando los recursos humanos y materiales necesarios para la atención de tan delicada situación”, señaló la asociación Reinserta.
Por su parte, Derechos Sin Barreras indicó: “Las personas privadas de la libertad padecen un sistema penitenciario en crisis que no está preparado para hacer frente al nuevo coronavirus.
“Tienen un sistema caracterizado por diversas situaciones que vulneran sus derechos humanos, como hacinamiento, corrupción, ingobernabilidad, carencias de agua, insumos y servicios básicos de higiene, que las pone aún más en riesgo ante la pandemia”.
“Protocolo, con carencias”
El gobierno federal emitió un protocolo de actuación para la atención de Covid-19 en el interior de los centros federales de reinserción social, el cual contempla a 17 mil 58 personas privadas de su libertad en 18 de esos espacios; no obstante, esta población representa sólo a 8.4% del total de los internos que existen en el país.
El documento, de siete páginas, propone elaborar una “amplia campaña de difusión” sobre la enfermedad en los penales, con el objetivo de promover medidas de prevención e higiene y limitar o restringir las visitas en una etapa de prevención.
En caso de emergencia, se propone aislar a las personas contagiadas o trasladarlas a un hospital cercano si su condición se agrava.
El problema de este protocolo, consideraron las organizaciones civiles, es que no abarca a todo el sistema penitenciario nacional, sólo considera a los centros de reclusión federales, que son los que tienen menor hacinamiento y más condiciones de higiene, mientras que los estatales y los municipales, donde la vulnerabilidad de los internos es más alta, no se toman en cuenta.
Tampoco prevé, aseguraron, que los familiares son quienes proveen a los internos con insumos para la vida cotidiana —artículos de higiene personal, dinero e inclusive comida—, ni las limitaciones en cuanto a servicios de salud e higiene; por ejemplo, que no hay espacio suficiente para distanciar a personas con la infección.
Saskia Niño de Rivera, directora de la Fundación Reinserta, explicó que a pesar de estos esfuerzos, hay tres factores que juegan en contra del sistema penitenciario: la ingobernabilidad, el hacinamiento y la falta de acceso a la salud de quienes están en esos espacios.
“La primera característica genera dinámicas de corrupción que son complicadas de frenar: no tienes control de las personas privadas de la libertad, por lo cual cualquier mecanismo que no les parezca es difícil que lo implementes, necesitas su voluntad.
“Además, está la sobrepoblación y hacinamiento en los penales, que no te permite implementar la sana distancia si en una celda en la que deben dormir cuatro personas tienes a 30”, detalló.
Durante muchos años, aseguró, el acceso a la salud ha sido muy complicado, las condiciones en que viven desafortunadamente hacen que sean más vulnerables y propensos a complicaciones a causa de la afección.
Acciones para evitar brote
En algunos centros de reclusión se han promovido actividades para prevenir el contagio.
Por ejemplo, en Quintana Roo se redujeron los días de visita y se busca detectar síntomas al ingresar a los centros; en el Estado de México se intentó establecer cercos sanitarios, pero por el volumen de la población se está planteando suspender la visita.
Mientras que en Nuevo León, se han dispuesto mascarillas, guantes de látex y gel antibacterial para el personal que se encuentra en aduanas y exclusas.
En ese estado también se realizaron labores de limpieza y desinfección en las áreas de visita familiar, íntima, locutorios, así como en áreas de tránsito, y se anunciaron revisiones a los internos para detectar síntomas. En los Centros Federales se suspendió la visita hasta el 20 de abril.
