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El presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó el impuesto ambiental que estableció el gobierno de Baja California en su legislación local para cobrarlo a las gasolineras y expendedores de gas natural y gas LP.
A través de una controversia presentada el pasado 17 de agosto, el Poder Ejecutivo federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar el impuesto establecido por el Congreso local debido a que consideró que invadió atribuciones de la Federación.
“Impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmosfera, incluyendo los efectos y consecuencias jurídicas que deriven de su aplicación”, señala el acto reclamado según la síntesis de las listas judiciales.
El impuesto es de 17 centavos por litro o kilo de bióxido de carbono generado por los derivados del petróleo en la entidad.
Sin embargo, la Presidencia de la República argumentó en su demanda que la Constitución federal reservó al Congreso de la Unión la facultad para gravar el petróleo y sus derivados.
